El juez del "caso AGT" imputa a dos alcaldes y un concejal de Barcelona

El concejal del Ayuntamiento de Barcelona y presidente del Patronato Municipal de la Vivienda, Eugeni Forradellas; el alcalde de Mataró, Manel Mas, y el de Olesa de Montserrat, Enric Termens, han sido citados a declarar como imputados por el juzgado que investiga la querella criminal por un supuesto delito de estafa contra el ex diputado socialista Luis García Sáez, responsable del grupo de empresas AGT, que presentó suspensión de pagos el pasado 27 de septiembre.

García Sáez declarará mañana ante el magistrado encargado del caso, Adolfo Fernández Oubiña. El ex diputado fue denunciado por un grupo de acreedores de la empresa AGT que se vieron perjudicados por la suspensión de pagos de esa firma constructora, que ganó numerosos concursos para la ejecución de obras públicas. Muchos de ellos por encargo de gobiernos municipales de izquierda, aunque también tuvo adjudicaciones de la Generalitat. A juicio de una parte de los acreedores, muchos de los cuáles se han quedado en una situación difícil por el impago de AGT de los trabajos y servicios realizados, la actuación de García Sáez fue una estafa, por lo que optaron, además de por sumarse al proceso de la suspensión de pagos, por presentar una querella criminal. La decisión del magistrado cogió ayer por sorpresa al concejal y a los dos alcaldes, quienes mostraron "perplejidad" porque ignoraban que habían sido citados, y menos en calidad de imputados. La citación de Forradellas obedece a que es el presidente del Patronato de la Vivienda que adjudicó la construcción de dos promociones de pisos de alquiler protegido en la avenida de Santa Coloma de Gramenet y en la calle de Trueba. La suspensión de pagos de AGT no afectó a la citada promoción, que ya se encontraba prácticamente terminada y, según precisó el patronato, tampoco supuso ningún quebranto económico porque se había retenido una cantidad. Ayer, fuentes cercanas a Forradellas puntualizaron que toda la tramitación del patronato, tanto en la adjudicación de la obra como en el pago de la misma, había sido correcta.

En Mataró, la constructora AGT ha realizado tres obras. El Ayuntamiento de la ciudad adjudicó mediante concurso una de las fases del parque central. En las otras dos, una promoción de pisos en la Vía Europa y la urbanización de un sector del parque central, la adjudicación la realizó Pumsa, la empresa municipal de promoción de viviendas que no está presidida por el alcalde, Manel Mas, según puntualizó ayer el Ayuntamiento.

En estos dos últimos casos, el grupo AGT estaba integrado en una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que tenía el 30%, mientras que la contratista mayoritaria fue Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Fuentes municipales apuntaron que por ese motivo la suspensión de pagos de AGT no ha generado problemas en las obras del parque ya que las continúa haciendo FCC. En el caso de la promoción de viviendas, los pisos ya han sido entregados.

En Olesa, se trata de las obras del parque de Santa Oliva. El alcalde de esa localidad, el socialista Enric Termens, precisó ayer que la empresa que ganó el concurso fue otra constructora, pero que hace seis meses suspendió pagos. La segunda firma clasificada en el concurso declinó el encargo, que, de esa manera, fue a parar a AGT, que había quedado en tercer lugar en el proceso de licitación.

Suspensión de pagos

Fernández Oubiña pide información al juzgado que tramita la suspensión de pagos de AGT, el 49 de primera instancia. También cita como imputado al consejero delegado de SMASSA, la empresa municipal de aparcamientos que adjudicó a AGT la construcción del aparcamiento de Porta de Sarrià, cuyas obras han quedado empantanadas.

El juez también pide a los ayuntamientos de Barcelona, Olesa y Mataró la "identificación de los técnicos de urbanismo que fijaban el presupuesto de las obras indicadas".

Por último, el magistrado ordena a la policía judicial que averigüe "el nombre de los titulares y el objeto social de la empresa Inmogarde de Granollers", aunque probablemente el juez se quiere referir a la sociedad Immodarder, dedicada a promociones urbanísticas y de la que el ex diputado socialista es presidente y el ex director general de Seguridad Ciudadana de la Generalitat Lluis Renau, fue apoderado.