El edil del PP que denunció el intento de soborno planta a la comisión de investigación de Sanlúcar

Manuel Ramírez, el concejal del PP de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) que denunció haber sido objeto de un intento de soborno por dirigentes locales del PSOE, dio plantón ayer a la comisión de investigación creada por el Ayuntamiento para aclarar el caso. Mientras, el empeño de IU y PP de llevar al Parlamento el intento de soborno volvió a crispar ayer la reunión de la Junta de Portavoces. IU y PP criticaron la "arbitrariedad" de la Mesa de la Cámara al negarse por segunda vez a admitir a trámite sus iniciativas para crear comisiones de investigación por no ajustarse al reglamento.

El edil popular excusó su plante argumentando que no podía responder a la comisión, que iniciaba ayer sus trabajos, antes de declarar el próximo lunes como imputado ante el Juzgado de Instrucción 2 de la localidad. La incomparecencia de Ramírez molestó a la mayoría de sus compañeros de corporación. La más dura fue la presidente de la comisión, Julia Hidalgo (IU), quien arremetió duramente contra Ramírez y dijo no entender las razones presentadas por el edil. "Son dos procedimientos distintos que se complementan y no tienen que ser incompatibles", dijo.Hidalgo tildó de "grave" la actitud de Ramírez y afirmó que su comportamiento pone en tela de juicio la regeneración democrática del Ayuntamiento de Sanlúcar tras el escándalo destapado. Sanluqueños Independientes y PSOE se sumaron a las críticas expresadas por la presidenta de la comisión.

El grupo de investigación acordó, finalmente, llamar a declarar de nuevo a Ramírez el próximo miércoles. El principal implicado, el ex secretario de organización del PSOE sanluqueño, Rafael García Raposo, comparecerá el jueves que viene. La comisión tiene 90 días para culminar sus trabajos.

Mientras, la polémica en el Parlamento continuó ayer. La semana pasada los servicios jurídicos del Parlamento emitieron tres informes, en respuesta a los recursos de IU y PP, en la que se argumentaba que la mera posibilidad de la participación del Gobierno en cualquier asunto "no convierte esa acción en objeto adecuado de una comisión de investigación", y más aún "si se invaden competencias" municipales. Ambos grupos repitieron sus iniciativas, cambiando el enunciado, de forma que lo que se pedía investigar es las actuaciones de la Junta en materia urbanística en Sanlúcar.

No obstante, el pronunciamiento de la Mesa del Parlamento fue el mismo, ya que, explicó el presidente, Javier Torres Vela, las comisiones no permanentes, de investigación o información, deben tener un fin concreto y no ser de carácter general como solicitan PP e IU.

Torres Vela se mostró molesto por las acusaciones de Antonio Sanz (PP) y Concha Caballero (IU) de que la Mesa se conduce de manera arbitraria según las consignas del PSOE y que su decisión no tenía ningún argumento jurídico. "Si tienen o no argumento jurídico sólo lo puede decir el Tribunal Constitucional y les recuerdo que pueden acudir a él para despejar cualquier duda", aseveró el presidente, quien añadió: "Me he interesado en constatar que en ningún parlamento de España se ha constituido nunca una comisión de investigación de las características que ustedes solicitan".