El fiscal y su crisis
El fiscal, entendiendo la parte por el todo como lo hace la mayoría de la gente que no distingue bien entre la persona y la institución llamada Ministerio Fiscal, está pasando la fase más aguda de la crisis que se inició tras el despiadado acoso a que sus máximos dirigentes (Moscoso y Torres Boursault, pero sobre todo Eligio Hernández), fueron sometidos por la derecha política y mediática a partir de la vía de agua abierta con el procesamiento y juicio del hermanísimo Juan Guerra.Si ya en tiempos de UCD, cuando desde su mayoría parlamentaria se aprobó el estatuto orgánico por el que actualmente se rige la institución, se criticaba el desvío observado con respecto a la ubicación del artículo 124 de la Constitución dentro de su Título VI (Del Poder Judicial), para pasar a considerarse un órgano no expresamente dependiente de alguno de los tres poderes del Estado, pero tampoco declarado independiente de ellos, puede uno imaginarse cómo el transcurso de casi veinte años ha venido a agravar la vieja discusión, sobre todo en el seno de la carrera, con la secuela de una especie de esquizofrenia difícil de resolver incluso en el terreno de la práctica. En los juicios orales, el fiscal -prerrogativas, preeminencias y honores a un lado- es una parte junto a las demás personadas en el proceso, que se ve obligado a defender en cada caso un interés concreto.
Cierto es y así lo recoge el precepto constitucional mencionado, que el fiscal tiene entre sus misiones la de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y aun siendo muy discutible que sea ésta una diferencia sustancial con los letrados de las otras partes en el proceso, lo más preocupante es que se pretenda por la corriente independentista atribuir en exclusiva a todos y cada uno de los miembros de la carrera fiscal, sin ingerencia alguna, el poder de decidir en cada caso y aplicar su criterio de legalidad y la adjudicación concreta de este principio en beneficio de una de las partes litigantes. No dudo que desde esta hipótesis se refuerza el principio de independencia de la institución. Lo que ya no veo tan claro es que se refuerce también el de imparcialidad, que goza del mismo rango constitucional.
La reciente sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo condenando por prevaricador al ya ex juez Gómez de Liaño, ha dejado con las vergüenzas al aire el peculiar arbitrio del fiscal Gordillo -a quien, por la lectura de la sentencia, parece que le ha salvado la campana en el último segundo- con el que trató de arropar a su admirado trujimán. Coincidían ambos en que al no ser el Derecho una ciencia exacta, el fiscal podía establecer las conclusiones que le diera la gana, en defensa, eso sí, del principio de legalidad que su particular desenfoque le dictaba, mientras que el juez estaba en su derecho al cometer la tropelía inicua de llevar a la cárcel, al descrédito y, si a tiro se ponían las cosas, a la ruina, a ciertas personas físicas y jurídicas que "no le caían bien" a él y a sus amigos. Personalmente, no puedo ocultar mi profundo temor a encontrarme algún día con un juez que caiga en la tentación de dictar a sabiendas resoluciones injustas, pero me da más pánico imaginarme mil doscientos fiscales interpretando en cada caso la legalidad, a espaldas de la política judicial que corresponde definir al Gobierno del Estado y por la que éste debe someterse a un severo control parlamentario marcado por la oposición.
No puede ni debe ocultarse a los ciudadanos que, en la actualidad, el Ministerio Fiscal vive uno de sus peores momentos de crisis por la quiebra del principio que constituye su armazón estructural, es decir, el principio de dependencia jerárquica. Si los fiscales adscritos a juzgados de instrucción deciden a qué actuaciones asisten y cuáles no merecen la mínima atención de su presencia física, sin que sus superiores jerárquicos se atrevan a ordenarles o al menos sugerirles las pautas de actuación que en cada caso deben seguir, fácil es colegir el grave riesgo en que se sitúan los demás principios que fundamentan su actividad: la defensa del interés público y la satisfacción del interés social.
Lo irónico e hiriente de la situación descrita es que, en medio de este anárquico reparto del poder dentro de la institución, con pujos de rebeldía de las bases, la única imagen de sumisión y dependencia solícita del Gobierno la está brindando día a día y en alto grado el fiscal general del Estado. Y además sin que tenga que dar cuenta anualmente a las Cortes Generales del balance de su gestión.
Francisco Granados es abogado.
