El Código Penal castigará con hasta siete años de cárcel a los miembros de mafias que trafican con 'sin papeles'
La nueva Ley de Extranjería, cuyo anteproyecto ha ultimado la ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso, incluye una reforma del Código Penal para perseguir a las mafias que se lucran con el tráfico ilegal de inmigrantes. Sus disposiciones adicionales modifican dos artículos de la legislación penal y crean un nuevo título que tipifica "los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros", castigados con hasta siete años y medio de cárcel.El nuevo título XV bis del Código Penal constará de un solo artículo, el 313 bis, que castigará con penas de prisión de dos a cinco años y con multa de uno a dos años -cada día de sanción supone un mínimo de 200 pesetas y un máximo de 50.000- a quienes, "con ánimo de lucro o a cambio de recompensa, promesa o cualquier otro tipo de enriquecimiento, introdujeren de forma clandestina a inmigrantes en el Estado español para su permanencia en el mismo o con objeto de destinarlos a otro país aprovechándose de la situación de desamparo de los mismos".
También serán castigados con condenas de entre seis meses y tres años de cárcel y multas de seis a doce meses "quienes los ocultaren [a los inmigrantes] con la misma finalidad".
El segundo apartado del mismo artículo especifica que la pena se impondrá en su mitad superior cuando la entrada en España se realice de forma que "ponga en peligro la integridad física o psíquica del súbdito extranjero". Una fórmula aplicable a las pateras, esas pequeñas embarcaciones que, en condiciones precarias, cruzan el estrecho de Gibraltar o navegan hasta las islas Canarias con grave riesgo de naufragio.
Además, "se impondrán las penas superiores en grado" -hasta siete años y medio de cárcel- cuando el culpable del delito en cuestión "perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a realizar tales actividades".
La lucha contra las mafias que trafican con inmigrantes se completa con una adición al artículo 515 del Código Penal, que tipifica el delito de asociación ilícita, en el que incurren los miembros de los grupos terroristas y la delincuencia organizada, para penalizar también la pertenencia a las asociaciones "que promuevan el tráfico de seres humanos con fines de inmigración clandestina o prostitución inducida o forzada".
Finalmente, el actual artículo 312 del Código Penal, que castiga a quienes "trafiquen de manera ilegal con mano de obra", el único que existía hasta ahora para combatir la explotación de los inmigrantes, no sólo no desaparece, sino que su pena se incrementa de tres a cinco años de cárcel.
El PP paraliza la reforma
El PP confirmó ayer los peores augurios al reconocer, por vez primera, la existencia de reparos en el Gobierno a la reforma de la ley de Extranjería y negarse a una tramitación urgente del proyecto que permita su aprobación antes de que acabe esta legislatura.Gabriel Cisneros, presidente de la Comisión Constitucional, declaró a Servimedia que el ministro de Economía, Rodrigo Rato, pone reparos al texto por el coste que puede suponer la ampliación de la cobertura sanitaria o la enseñanza gratuita a los inmigrantes ilegales. También los departamentos de Exteriores e Interior, agregó, han planteado objeciones.
Cisneros contestó así a una carta del portavoz de CiU, Josep López de Lerma, quien emplazó al PP a dar "el impulso político definitivo" a la reforma, alegando que "resultaría inexplicable e inaceptable" que se frustrase por la disolución de las Cortes.
También el ponente del PP, Diego Jordano, insistió en la necesidad de analizar el coste presupuestario de la nueva ley y restó importancia al hecho de que su grupo sea el único que ha pedido una nueva reunión de la ponencia, lo que los demás interpretan como una maniobra dilatoria, ya que el dictamen está listo para su firma y debate en comisión.
Sorprendentemente, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, desmintió que Rato se oponga al proyecto y minimizó su coste económico.
Críticas de la oposición
Desde el PSOE, el diputado Carlos Sanjuán, uno de los ponentes de la ley, afirmó que "no debe haber ningún obstáculo" de tipo económico que impida la aprobación de la reforma, ya que el Ejecutivo sostiene que la economía española "va bien" y que tienen que venir trabajadores extranjeros para ocupar empleos en algunos sectores. Sanjuán pidió que se convoque cuanto antes una reunión para la firma del texto del dictamen y que se pueda celebrar la semana próxima la reunión de la Comisión Constitucional para debatirlo.
También el portavoz de IU en el Congreso, Felipe Alcaraz, afirmó que resultaría "inmoral la ruindad económica" en este asunto, "sobre todo en un país de emigrantes como España". Desde esta misma formación, el diputado Willy Meyer advirtió al PP de que si impide que la ley salga adelante con "argucias parlamentarias", se convertirá en "responsable del sufrimiento y los problemas de los inmigrantes".
Por su parte, el secretario general de Nueva Izquierda, Diego López Garrido, criticó al presidente del Gobierno por haber "engañado de manera flagrante al Parlamento", al asegurar ante el pleno del Congreso que la reforma de la Ley de Extranjería seguiría los trámites previstos cuando, según esta formación, está en un "callejón sin salida".
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