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El PNV aprovecha su rechazo a una ley para denunciar "la quiebra del Estatuto"

Luis R. Aizpeolea

El PNV aprovechó ayer la defensa de la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de la función pública para denunciar la "quiebra del Estatuto de Gernika por los gobiernos españoles". Junto al PNV, Eusko Alkartasuna (EA), Bloque Nacionalista Galego (BNG), Iniciativa per Catalunya (IC) y el PSOE presentaron sendas enmiendas a la totalidad a uno de los proyectos estrella del Gobierno que queda pendiente de tramitar para la siguiente legislatura. CiU e Izquierda Unida anunciaron también numerosas enmiendas. Carlos Caballero, del PNV, convirtió su rechazo al proyecto de la ley de los funcionarios en una denuncia del incumplimiento del Estatuto de Gernika por parte del Gobierno y una justificación del nuevo camino emprendido por su partido. "Este proyecto de ley ha pretendido cargarse el régimen de vertebración interna del País Vasco. Esto sería muy grave para el PNV", dijo Caballero.

El diputado del PNV recordó que este fin de semana se cumple el 20º aniversario de la aprobación del Estatuto de Gernika. "Sólo lo va a festejar la minoría", dijo en alusión al PP y al PSOE. "Una mayoría política y sindical vascas están denunciando los continuos incumplimientos del estatuto", dijo en alusión a los partidos y sindicatos nacionalistas. Caballero llegó a recordar "las promesas insatisfechas de Espartero", en alusión al general liberal que firmó el Convenio de Bergara con los carlistas en el siglo XIX, y la actual "quiebra del pacto con Euskadi por los gobiernos españoles".

Caballero, sin embargo, no ofreció más precisiones. Fue la diputada de EA, Begoña Lasagabaster, que también presentó otra enmienda a la totalidad quien señaló que "más que un estatuto de la función pública [el proyecto de ley] es un reglamento" que "uniformiza a las comunidades autónomas". A modo de ejemplo, Lasagabaster señaló que las mayorías sindicales en el País Vasco no tienen nada que ver con las mayorías sindicales del resto de las comunidades autónomas que han suscrito con el Gobierno el proyecto de ley de función pública.

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