El PP apoya a Cardenal en su intento de no dar cuenta al Congreso respecto a Pinochet y Liaño

El PP apoyó ayer al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, para impedir el control político pretendido por PSOE y Nueva Izquierda (NI) respecto a su actuación en los casos de Pinochet y Liaño. Los diputados del PP Julio Padilla, presidente de la comisión, y Andrés Ollero, portavoz, invocaron los precedentes de anteriores fiscales del Estado, a lo que el socialista Álvaro Cuesta respondió recordando cómo en 1990 la entonces oposición exigió cuentas políticas al fiscal general Leopoldo Torres por el caso Naseiro, sobre supuesta corrupción del PP.

La segunda y última jornada de la comparecencia parlamentaria de Cardenal estuvo en gran parte dedicada a discutir si la comparecencia del fiscal general del Estado ante la comisión es un acto de mera información o, por el contrario, de control político a cargo del Congreso.En su respuesta al grupo socialista, Cardenal trató de explicar la omisión en la Memoria de la fiscalía de toda referencia a los casos referidos al ex dictador chileno Augusto Pinochet y al ex juez condenado por el Tribunal Supremo por prevaricación continuada, Javier Gómez de Liaño.

El PSOE y NI reiteraron su petición de dimisión a Cardenal por su actuación en esos dos casos. Respecto al primero dijo que se encuentra sub judice y alegó que tampoco se menciona el caso Banesto y que al caso Marey, "el de mayor relevancia política", sólo se le dedican cinco líneas "y ni siquiera se citan los nombres de los condenados". En cuanto al caso Liaño, se amparó en que el presidente de la comisión había estimado que no era objeto de la comparecencia.

El portavoz socialista Juan Alberto Belloch recordó al presidente que hizo tal observación respecto al caso Pinochet, pero no sobre el caso Liaño. Padilla intervino entonces para explicar que, reglamentariamente, la comparecencia del fiscal general "no es un acto de control político, sino de información", e invocó un amplio informe de los servicios de la Cámara en apoyo de esta interpretación, así como el precedente de otras legislaturas anteriores.

Padilla admitió que cualquier asunto pudiera utilizarse "como elemento dialéctico, pero sin realizar un análisis profundo del mismo". Recordó que la comparecencia versaba sobre la Memoria. Belloch insistió entonces en la omisión del caso Liaño en la Memoria. Finalmente Cardenal explicó: "No he omitido nada intencionadamente. El fiscal jefe del Tribunal Supremo no hizo ninguna observación sobre ese asunto y por eso no se ha incluido en la Memoria".

"Hacer política"

El portavoz de Nueva Izquierda (NI), Diego López Garrido, se opuso a que la comparecencia del fiscal del Estado "no sea de control político, sino sólo informativa, aunque apoyen ese criterio juristas eminentes". Explicó que la función del Parlamento es velar por los ciudadanos y, por lo tanto, en este caso, comprobar si lo que hace el fiscal del Estado es acorde con su función constitucional. Reconoció que el Parlamento no puede derribar al fiscal del Estado, pero no puede renunciar a "hacer política, en el sentido más noble de esta palabra".

López Garrido acusó al presidente de la comisión de "intentar yugular el debate para que el fiscal no hable de su actuación respecto a Pinochet y Gómez de Liaño" y afirmó que el silencio de Cardenal "sobre por qué apoyó a los fiscales en uno y otro caso es también una posición política".

Respecto a la invocación por Cardenal del secreto del sumario,el diputado de NI razonó: "No le pedimos que desvele el contenido del sumario, sino que le preguntamos sobre la actitud de la fiscalía para que Pinochet no sea juzgado en España y en colaboración con un juez condenado por prevaricación". Esas actuaciones forman parte de "la política criminal de la fiscalía, sobre la que tenemos derecho a opinar y por las que le pedimos que dimita", agregó.

Por IU, Pablo Castellano estuvo de acuerdo con que se pidan cuentas políticas al fiscal general, por ser nombrado y destituido por el Gobierno. Recordó que igual criterio aplicó su grupo a los fiscales designados por los gobiernos socialistas Eligio Hernández, Leopoldo Torres y Carlos Granados, y se opuso a "aplicar una doble vara de medir".

Álvaro Cuesta contestó a la invocación de los precedentes realizada por el PP e IU recordando que en 1990 la oposición de entonces pidió cuentas a Leopoldo Torres por su investigación del caso Naseiro "y nadie se rasgó las vestiduras". "Que nadie se las rasgue ahora porque pidamos la responsabilidad política de este fiscal general".

Cuesta se refería a la comparecencia de Torres ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso el 9 de mayo de 1990, en la que el entonces secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, le acusó de ser "un fiscal particular del Gobierno que, en algunos casos, ha llegado a actuar como abogado particular de su antiguo partido".

El orden constitucional

El diputado socialista estimó plenamente relacionados con la comparecencia del fiscal general los casos de Pinochet y de Liaño. "Porque hablamos de la defensa del orden constitucional". Reprochó a Cardenal que ahora invoque el secreto sumarial para hablar del caso Pinochet cuando en una revista criticó al instructor. Respecto al caso Liaño recordó que Cardenal "fue nombrado cuando el anterior fiscal general [Juan Ortiz Úrculo] se negó a respaldar a los fiscales en la estrategia del Gobierno contra un medio de comunicación, incluido el propósito de encarcelar a sus dirigentes". "Usted fue nombrado", dijo Cuesta a Cardenal, "para cambiar la estrategia de la fiscalía y para poder usar su respaldo como coartada de la no prevaricación del juez Gómez de Liaño". Cuesta relacionó esa actuación con el papel del Ministerio Fiscal y acusó a Cardenal de "no haber defendido el orden constitucional al respaldar a Liaño, que restringió sin fundamento derechos fundamentales de la persona".

Ollero (PP) insistió en que el fiscal general no debe sometese a "control parlamentario en sentido estricto" y recordó que el Gobierno socialista mantuvo a Eligio Hernández, pese a la ilegalidad de su nombramiento, según falló el Supremo.