La izquierda francesa vota en bloque la jornada semanal de 35 horas
La Asamblea francesa aprobó ayer en primera lectura el segundo y definitivo proyecto de ley que, a partir del 1 de enero, debe instaurar la semana laboral de 35 horas en las empresas de más de 20 asalariados. El texto, que será revisado por el Senado a primeros de noviembre, contó con el respaldo en bloque de la izquierda, que impuso su mayoría sin dificultad por 315 votos, frente a 255, e incorpora la suspensión de ayudas públicas en caso de incumplimiento de los acuerdos de reducción del tiempo de trabajo.
La incorporación de las enmiendas de comunistas, Verdes y Radicales de Izquierda permitió que la izquierda plural francesa recobrara su consenso sobre una ley cuya aprobación final parece asegurada, a expensas de un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional. Esas enmiendas endurecen el texto anterior en aspectos como la necesidad para la empresas de "determinar el número de empleos creados o preservados", la suspensión de ayudas públicas en caso de incumplimiento de los acuerdos de reducción del tiempo de trabajo, o la garantía de que los salarios mínimos no se verán reducidos por la disminución de las horas trabajadas. Dos diputados comunistas, Patrice Carvalho y Georges Hage, se sumaron circunstancialmente al voto negativo de la derecha, considerando que las modificaciones del código de trabajo que introduce la ley consagran la flexibilidad laboral y acarrean el incremento futuro de la precariedad. Pese a que su postura resultó testimonial entre la unanimidad de la izquierda, los argumentos de los diputados indisciplinados son el eco de las voces críticas que se escucharon en la manifestación que el PCF y la extrema izquierda protagonizaron el pasado sábado.
Más preocupante para el bloque gubernamental resulta el rechazo sindical y patronal a que la financiación de la semana laboral de 35 horas recaiga, como contempla la nueva ley de financiación de la Seguridad Social, no sólo sobre las contribuciones de las empresas y la tasación de las horas extras, sino también sobre los organismos sociales, gestionados en Francia de manera paritaria.
La idea de la ministra de Empleo, Martine Aubry, de utilizar dinero de las retenciones de la Seguridad Social y el Unedic (que gestiona el seguro de paro) encuentra una oposición frontal tanto en la patronal como en los sindicatos. El presidente de la organización patronal Medef, Ernest-Antoine Seillière, ha advertido solemnemente que la patronal se retirará definitivamente de los organismos que gestiona en régimen paritario con los sindicatos en cuanto el Gobierno retire un céntimo de las retenciones. El Gobierno justifica sus propósitos indicando que la ley de las 35 horas permitirá a esos organismos incrementar sus ingresos y ahorrarse el pago de muchos seguros de paro.
