El Supremo chileno se esfuerza por demostrar que Pinochet puede ser juzgado en su país

El Tribunal Supremo chileno ha adoptado en las últimas 48 horas dos decisiones que estrechan el cerco jurídico al régimen militar de Augusto Pinochet por las violaciones de los derechos humanos cometidas. En un intervalo de horas, el Supremo ha dado luz verde a que Pinochet sea interrogado por escrito en Londres en el marco de las 46 querellas que instruye en su contra un juez de Santiago, y ha resuelto tramitar la solicitud de extradición a Italia del general Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), la policía política de la dictadura.

El alto tribunal transmite de nuevo a Londres y a Madrid el mensaje de que la justicia chilena está en condiciones de actuar contra el antiguo dictador. En medio de un largo fin de semana que gran parte de los políticos chilenos aprovechó para abandonar la gran ciudad, el Supremo fue el protagonista de la noticia e hizo buena la frase de que la justicia no descansa. Los cinco jueces que integran la Sala Penal del más alto tribunal aprobaron por unanimidad el exhorto de 75 preguntas dirigido al exdictador para que declare en Londres en calidad de inculpado en las querellas presentadas en Chile. El juez instructor de las querellas, Juan Guzmán Tapia, preparó durante meses el cuestionario, que, según ha resuelto el Supremo, se ajusta a derecho. El exhorto queda ahora en manos del Ministerio de Exteriores para su traducción y posterior envío al Foreign Office.

En sus preguntas, el juez Guzmán busca aclarar, entre otras cuestiones, la relación de Pinochet con la llamada caravana de la muerte (operación en octubre de 1973, en la que fueron asesinados 72 opositores). En esta causa hay cinco altos exoficiales detenidos y procesados: el general Sergio Arellano, los coroneles Sergio Arredondo, Patricio Díaz y Marcelo Morén Brito y el brigadier Pedro Espinoza. Por esta misma causa, el Guzmán pidió el mes pasado la extradición del mayor Armando Fernández Larios, residente en Miami e implicado en el asesinato, en 1976, del exministro de Exteriores Orlando Letelier. Hasta fecha reciente, Fernández Larios se beneficia del programa de protección de testigos en EEUU, a raíz de sus revelaciones sobre el caso Letelier.

En la carta rogatoria a Pinochet, el juez Guzmán le pregunta también por sus relaciones con Contreras, por el centro de detención y tortura de Villa Grimaldi, donde se cometieron graves violaciones de derechos humanos, por la Colonia Dignidad y sobre la operación trampa de la Dina en 1976 en la que fueron detenidos los miembros de la comisión política del Partido Comunista. Todos ellos desaparecieron. El exhorto insta alexdictador a responder de manera clara y concreta a las preguntas.

La resolución del Supremo es de suma importancia para la evolución de las causas contra Pinochet en Chile. Una vez lleguen sus respuestas desde Londres, Guzmán estará en condiciones de decidir un eventual procesamiento del exdictador como autor intelectual, cómplice o por obstruir a la justicia. El magistrado podría solicitar a continuación el desafuero de Pinochet por su condición de senador vitalicio, decisión que correspondería al Tribunal de Apelaciones. En el caso de una respuesta afirmativa, Guzmán tendría vía libre para pedir la extradición. Aunque legalmente posible, sería un procedimiento extremadamente largo, según comentaron fuentes jurídicas, y en ningún caso previo a la celebración de las elecciones chilenas previstas para el 12 de diciembre y el 16, en segunda vuelta.

La primera bomba informativa que implica al Tribunal Supremo la anunció su presidente, Roberto Dávila, en persona, al dar cuenta del inicio del juicio de extradición a Italia del general Contreras por el atentado cometido por agentes de la Dina en aquel país en 1975 contra el exvicepresidente chileno Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno. Contreras fue condenado en rebeldía en 1996 a la pena de 20 años de prisión por la justicia italiana. Actualmente cumple una condena de siete años en Chile por el atentado contra Orlando Letelier en Washington.

Al objeto de impedir su salida de la cárcel, el fiscal italiano Giovanni Salvi tramitó la solicitud de extradición, que, para sorpresa de muchos, especialmente en el estamento militar, ha sido aceptada por el Tribunal Supremo.

Por otra parte, parlamentarios y dirigentes de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) denunciaron ayer en Santiago que Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, "financió la represión a los trabajadores" durante el régimen de Pinochet. Codelco ayudó con unos 700 millones de pesetas a la Central Nacional de Informaciones (policía política), que se infiltró en el movimiento sindical y cometió actos de represión.