El nuevo Gobierno de Aragón aprueba la semana laboral de 35 horas
El gobierno de Aragón (PSOE-PAR) dio ayer luz verde al decreto que incentiva la creación de empleo mediante la reducción de la jornada laboral. La puesta en marcha de la jornada de 35 horas había sido aprobada inicialmente por el Gobierno del popular Santiago Lanzuela. Ahora, con los informes favorables de la Unión Europea, el consejero de Economía, Eduardo Bandrés, explicaba ayer que "se trata de romper con una cultura que ha cargado en España el trabajo en la realización de horas extras".
Se trata, además, de favorecer la creación de trabajo estable, a partir de la reordenación del horario laboral, y de aumentar la productividad de las empresas, según el consejero de Economía. Bandrés se mostró convencido de que ésta es una de las mejores formas para crear puestos de trabajo estables y dejó claro que serán las empresas, de acuerdo con los trabajadores, quienes puedan acogerse a un decreto que incentiva la generación de empleos, siempre que sean estables. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, ya habían anunciado en su primer encuentro con el nuevo ejecutivo que ésta sería una de las primeras medidas que debía aprobar el gobierno aragonés para incentivar el empleo.En el decreto del gobierno que preside Marcelino Iglesias se contemplan ayudas de hasta medio millón de pesetas por trabajador para todas las empresas que contraten, de forma indefinida, a trabajadores "como consecuencia de pactos en materia de reordenación del tiempo de trabajo y reducción de jornada". El decreto fija una serie de requisitos que pasan porque los nuevos contratos sean de carácter indefinido desde su inicio, tanto a jornada completa como a tiempo parcial no inferior al 50% de la jornada ordinaria, y deberán suponer un incremento neto en la plantilla de trabajadores fijos, así como de la plantilla total.
Los acuerdos serán suscritos entre la empresa y los representantes de los trabajadores, o al menos por la mayoría de los trabajadores afectados. Además se exige que haya una modificación sustancial de la distribución de la jornada diaria, semanal, mensual o anual.
Prevé ayudas de 500.000 pesetas por cada trabajador desempleado contratado y de 200.000 para mayores de 40 años, mujeres, minusválidos, parados de larga duración y jóvenes de 22 a 30 años, sin cualificación, con estudios de graduado escolar, EGB o ESO. La menor dotación en las ayudas a estos colectivos se debe a que tienen otras complementarias, que son compatibles y de mayor cuantía. Están excluidas las contrataciones de las administraciones y entidades públicas.
El consejero de Economía aseguró que si hay alguna empresa que quiera acogerse al decreto antes del próximo año "hay fondos para poder pagar estos incentivos, pero lo normal es que comiencen a solicitarlo a partir del mes de enero, cuando ya se habrán incluido en los presupuestos de la comunidad las cantidades para desarrollar este decreto".
Iniciativas de comunidades
Esta iniciativa del gobierno de Aragón se suma a la aplicación de las 35 horas para los funcionarios de Extremadura, y a las negociaciones abiertas hace tiempo en comunidades como Madrid, País Vasco y Castilla-La Mancha.
Navarra tiene aprobada una ley foral de fomento de la implantación de las 35 horas, pero está recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional. El presidente del Ejecutivo navarro, Miguel Sanz, afirmaba ayer que no se modificará el contenido de la norma para evitar el citado recurso. "Acudiremos al Constitucional con artillería jurídica si nos falla la cabellería política en la Junta de Cooperación", afirmó Sanz en el Parlamento de Navarra, y reiteró su apoyo a la ley pactada con la patronal y los sindicatos UGT y CCOO.
