Defensa de la Competencia expedienta a Repsol y a Cepsa por sus contratos de exclusividad con las gasolineras

El Servicio de Defensa de la Competencia ha incoado sendos expedientes a las compañías Repsol y Cepsa por presunta ilegalidad de los contratos de suministro en exclusiva a las gasolineras. El servicio admitió a trámite estos expedientes el pasado 26 de agosto, tras la denuncia presentada por la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio (APES), que agrupa a 100 empresarios con otras tantas gasolineras. Los expedientes, con sus pliegos y alegaciones, se enviarán, tras examinar contratos y recibir alegaciones, al Tribunal de Defensa de la Competencia, que deberá decidir si impone multas. El proceso puede alargarse hasta dos años y medio.El eje central de la denuncia es que en los contratos que las petroleras ofrecen al empresario de la gasolinera aparece como comisionista y no como revendedor, figura más adecuada tras la liberalización del sector.

El presidente de APES, Andrés Delgado, explicó ayer que este hecho vulnera la normativa comunitaria, y tiene su importancia porque, en caso de que el gasolinero sea considerado revendedor, los contratos no podrían superar los cinco años de duración (hasta 10 años como tope si tienen contraprestaciones especiales) y ahora hay que firmarlos por 30 años. Según el presidente de APES, que denunció esta situación en 1998 ante la Comisión Europea y en abril de este año al Servicio de la Competencia, con la figura de revendedor debe ser el empresario de gasolinera el que fije el precio de los combustibles, y las petroleras serían un proveedor más, como en otros sectores.

Según Delgado, esta nueva situación incrementaría la competencia en el sector, un objetivo que es reclamado por todos los sectores sociales y económicos para luchar contra el empuje de la inflación. Actualmente existen en España unas 7.000 gasolineras. La mitad son propiedad de las petroleras Repsol, Cepsa y BP, y el resto son concesiones a empresarios que se abanderan con una marca determinada. Delgado recalcó ayer que es previsible que la iniciativa de la APES genere un cisma en el sector, y que los gasolineros que se encuadran en la Confederación Española de Estaciones de Servicio (CEES) se vayan sumando a las tesis de la APES de forma paulatina.

La reacción ha sido rápida. Ayer la CEES emitió un comunicado en el que, tras señalar que están de acuerdo con el Gobierno en la conveniencia de contener la inflación, reclaman medidas para liberalizar el sector de los carburantes. Entre estas medidas piden "una drástica reducción de los contratos de suministro en exclusiva, ya sean los empresarios de estaciones de servicio propietarios o arrendatarios". Asimismo, piden que se faculte a los gasolineros para "pasar al régimen de compraventa de productos en firme y no bajo el sistema de comisión". Actualmente, esta comisión se halla entre las cinco y las siete pesetas por litro vendido. Piden, además, fijar ellos los precios finales basándose en los de compra del producto, como en otros sectores. Esta confederación recuerda que los precios al público de las gasolinas los fijan ahora las petroleras.

Dentro del actual debate sobre el precio de los carburantes, 17 organizaciones de consumidores y transportistas reclamaron al Gobierno ayer que rebaje el impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo que fija la Comisión Europea (de 44 pesetas por litro a 40 pesetas) para frenar la subida de precios.