Los socialistas llevan sus quejas por el 'caso del lino' hasta el Tribunal Constitucional

El PSOE y Nueva Izquierda anunciaron ayer su decisión de recurrir al amparo del Tribunal Constitucional por entender que distintas actuaciones emprendidas en el Congreso por su presidente, Federico Trillo, y por el máximo responsable de la comisión de investigación del caso del lino, Luis Mardones, suponen una vulneración flagrante de derechos. La mayoría de la oposición sostiene que el PP y sus socios, CC y CiU, han cometido todo tipo de irregularidades para exculpar del caso a la ex ministra Loyola de Palacio y acusan a Trillo de actuar de forma dictatorial.

El ambiente preelectoral ha calado tanto ya entre los partidos que sus portavoces rebuscan estos días en el diccionario para encontrar los adjetivos más insultantes contra sus contrincantes, aunque vistan un cargo tan institucional como el de presidente del Congreso, Federico Trillo. Para IU, PSOE y Nueva Izquierda, la actuación de Trillo en el llamado caso del lino -la supuesta trama de altos cargos de Agricultura para cobrar de forma irregular subvenciones europeas al cultivo de esta planta- ha colmado el vaso de su paciencia. Ayer le describieron como el peor presidente de la Cámara baja de la democracia por su indisimulado partidismo. Los portavoces del PSOE, Luis Martínez Noval, y de Nueva Izquierda, Diego López Garrido, concluyeron de la sesión de la Mesa del Congreso de ayer, en la que Trillo ni siquiera admitió a trámite la posibilidad de estudiar unos recursos presentados por la oposición, que no les queda más opción que la de que el Constitucional les defienda.

El martes por la tarde, PSOE y Nueva Izquierda registraron en el Congreso, junto a IU y PNV, un escrito para que la Mesa que se reunía ayer considerase las razones jurídicas por las que reclamaban la anulación de las sesiones de la comisión de investigación celebradas el 29 de julio y los días 13 y 17 de agosto. Estos partidos sostienen que la convocatoria de esas jornadas no cumplió lo establecido por el Reglamento de la Cámara y se han negado a votar las actas de dichas reuniones. En dos ocasiones, el 29 de julio, cuando se cerró el calendario para aprobar en agosto las conclusiones de la comisión, y el pasado martes, los comisionados de la oposición se marcharon antes de que se realizasen importantes votaciones, por lo que defienden su nulidad por falta de quórum.

Réplica de los populares

Desde el PP se replica que las comisiones funcionan por el método del voto ponderado, por lo que dan por zanjada la cuestión, por exculpada a De Palacio y se remiten al pleno en el que se abordarán las conclusiones el jueves que viene. En la comisión del lino había 16 diputados: siete de ellos portavoces de partidos. El que ha sido bautizado por la oposición como "bloque gubernamental" -PP, CiU y CC- cree que sólo con que estuviesen en la votación esos siete portavoces ya está representada toda la Cámara y se puede conformar la mayoría. Además, y sobre la no admisión a trámite de las impugnaciones, defienden que ese tipo de cuestiones no son propias de la consideración de ese órgano sino del presidente Trillo.

La oposición cuestiona estos criterios y argumenta que el reglamento es flexible y depende de la interpretación de Trillo. Por eso le critican. Especialmente por no aceptar siquiera la discusión del asunto aunque luego se rechazase.

Felipe Alcaraz, de IU, recordó a Trillo que "España no es Venezuela" y reprochó a De Palacio haber mentido al asegurar en Estrasburgo que el Parlamento español ya la había exonerado. El PP precisa que se refería a la comisión, y no al Congreso.

Luis Martínez Noval, del PSOE, denunció la actitud "indigna", "plenamente dictatorial" y "sin crédito" del presidente del Congreso, al que tachó de ser el peor y más partidista de la democracia. Diego López Garrido, de NI, tildó las "infracciones flagrantes" de Trillo de "insólitas" y las "cacicadas más gordas" de la democracia.

El portavoz del PP, Luis de Grandes, les llamó a todos ellos piratas, bellacos y filibusteros. También autoritarios y desleales. Y anunció que pedirá a Trillo que estudie actuaciones contra el consejero andaluz de Agricultura, Paulino Plata, por haber "mentido" en la comisión al decir que De Palacio acudió a Bruselas a negociar temas del lino con el entonces presidente del FEGA, Nicolás López de Coca, uno de los beneficiarios de ayudas. Según de Grandes, Plata pudo cometer un delito conforme al artículo 502.3 del Código Penal, penado con entre seis meses y un año de cárcel.