Chile desestima juzgar por homicidio a los militares de la 'Caravana de la muerte'

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó una petición de los abogados querellantes en el caso de los 72 crímenes cometidos pocos días después del golpe de Estado de 1973 por la llamada Caravana de la muerte, para ampliar los cargos de secuestro a homicidio contra los cinco ex oficiales del Ejército procesados. Sin embargo, la Corte ordenó a un juez pedir la extradición a EEUU de otro ex militar, Armando Fernández Larios, que también participó en los asesinatos.

El fallo, que salió adelante por dos votos contra uno, provocó satisfacción en círculos cercanos a los militares, quienes temían que una resolución adversa complicara aún más la situación jurídica del general retirado Sergio Arellano, que dirigió la comitiva, y de los otros cuatro oficiales sometidos a proceso con él por resolución del magistrado Juan Guzmán, quien conduce la investigación en las más de 30 denuncias presentadas contra el ex dictador Augusto Pinochet.A la vez, la resolución descarta procesar a Pinochet por los crímenes de la Caravana de la muerte, como solicitaban los querellantes, debido a que cuenta con inmunidad parlamentaria por su calidad de senador vitalicio. Y en una sorpresiva nueva indicación, la Corte ordenó a Guzmán solicitar la extradición de otro miembro de la Caravana: el mayor retirado Armando Fernández Larios, un ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, policía secreta), que en la actualidad reside en Miami bajo el programa de protección a testigos de EEUU, por declarar en el caso del asesinato del ex ministro de Asuntos Exteriores chileno Orlando Letelier, en el que supuestamente estuvo implicado.

La resolución, sin embargo, no fue recibida con demasiada decepción en círculos de abogados de derechos humanos, pues la Corte de Apelaciones mantiene el proceso por secuestro contra los miembros de la Caravana, y, a pesar de que el crimen está dentro del periodo cubierto por la amnistía que se autodictó el régimen militar (1973-1978), la investigación proseguirá hasta determinar el paradero de las víctimas y las responsabilidades de quiénes los asesinaron.

La Caravana de la muerte fue enviada a diversas poblaciones por Pinochet en octubre de 1973, supuestamente para acelerar los trámites de los consejos de guerra. Sin embargo, fueron ejecutados prisioneros izquierdistas ya condenados o sometidos a proceso.