El Gobierno catalán quiere privatizar la vigilancia de todas las prisiones y juzgados
A pocas semanas de que se disuelva el Parlament y se convoquen las elecciones autonómicas, el consejero de Gobernación, Xavier Pomés, anunció ayer que la Generalitat quiere privatizar la vigilancia de las prisiones y los juzgados con la sustitución de los [EN] Mossos d"Esquadra [EN] por guardias de seguridad. La oposición en bloque, incluido el Partido Popular, calificó la iniciativa de "temeraria" y mostró su malestar porque una materia que acostumbra a pactarse se ventile a espaldas del Parlament. El sindicato mayoritario CATAC-Presons manifestó también su "más frontal y rotundo rechazo".
Xavier Pomés, en declaraciones a Ràdio Barcelona-SER, explicó que la privatización de la vigilancia penitenciaria y de los juzgados todavía ha de ser acordada entre el Departamento de Gobernación y el Ministerio del Interior. "Podríamos tomar la decisión por nuestra cuenta, pero creo que esto no sería comprendido", matizó. De esta manera, la Generalitat podría contar con los 900 mossos que realizan estas tareas y utilizarlos para cumplir con el calendario de su despliegue por toda la comunidad, que ha adelantado la extensión de su presencia a las comarcas del Bages y el Vallès Oriental para el 2001. El consejero de la Generalitat justificó su propuesta aduciendo: "Hay servicios penitenciarios que pueden ser llevados por personas seleccionadas, formadas y que hayan pasado los filtros de las empresas de seguridad. Sobre todo en la vigilancia estática, que no requiere de un profesional con formación en derecho penal, criminología y psicología". Pomés dijo que la tendencia al respecto que ha observado en otros países ha llevado a la Generalitat a copiar la iniciativa. No a una "americanización" La oposición, incluido el PP -que da apoyo parlamentario a Convergència i Unió (CiU)-, descalificó rápidamente la idea de privatizar la vigilancia de las prisiones y los juzgados. El portavoz socialista en la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Parlament, Xavier Guitart, recordó que el Gobierno catalán aún tiene unas preguntas parlamentarias pendientes de contestar acerca del control que Gobernación realiza sobre las empresas privadas de seguridad, sector del que Guitart denuncia "irregularidades que en locales de ocio ha llegado a costar vidas". El diputado de Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) Jordi Guillot rechazo también con contundencia la propuesta de Pomés: "No queremos una americanización de las cárceles catalanas". A juicio de Guillot, "los países en los que se practica esta experiencia no se garantizan los derechos y deberes de los reclusos". Por su parte, el diputado de Esquerra Republicana (ERC) Josep Huguet afirmó: "El modelo de seguridad privada de Estados Unidos no es el propio de la sociedad y cultura europeas, que entiende que la sanidad, la enseñanza y la seguridad deben de estar en manos de las instituciones públicas para poder controlar su buen funcionamiento". El portavoz del grupo parlamentario del PP, Josep Curto, se preguntó: "¿Qué se esconde detrás de esta propuesta? ¿De qué forma se contratará a las empresas de seguridad?". Curto considera una contradicción que la Generalitat retire a los mossos en pleno despliegue, "con toda la parafernalia", de la policía autonómica. El sindicato mayoritario en las cárceles catalanas, CATAC-Presons, manifestó su "más frontal y rotundo rechazo". El sindicato argumentó que la actual Ley General de Penitenciaria no permite a la Generalitat tomar esta decisión.
