Los jueces y fiscales de España opinan que la salud del enjuiciado no debe detener el proceso

En España, los representantes de asociaciones de fiscales y jueces coincidieron ayer en señalar que se deberían adoptar medidas para preservar el estado de salud de Augusto Pinochet, si ha sufrido un agravamiento, pero que éstas no tendrían que interferir el proceso penal en curso contra el ex dictador chileno.Portavoces de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y Jueces para la Democracia (JpD) se refirieron a la información que publicaba ayer el periódico The Independent, que asegura que un informe de la Fiscalía británica recomienda al ministro del Interior británico poner en libertad a Pinochet si su salud empeorase. El presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Adrian Salazar, consideró que la gravedad de los delitos de los que se le acusa a Pinochet "justifican que esté privado de libertad" y aseguró que "se pueden adoptar medidas para preservar su salud, pero siempre y cuando se garantice que el proceso sigue adelante y que esté sujeto a la acción de la justicia".

Para Salazar, es compatible el hecho de que se cuide su salud con que esté a disposición de los tribunales. "Nos parecería mal cualquier tipo de solución que basándose en razones humanitarias venga a determinar la impunidad de los delitos para permitirle que coja el avión y se vaya a Chile", señaló.

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la organización mayoritaria entre los jueces, Santiago Martínez Vares, dijo que si se comprueba el deterioro de salud del ex dictador "se debería considerar y valorar esa situación" pero añadió que "eso no tiene por qué interferir en el proceso". "Habrá que valorar el estado de salud, pero se pueden buscar soluciones para que Pinochet pueda ser igualmente sometido a enjuiciamiento y a la vez respetar su derecho como ser humano a que si está en una situación de salud precaria tenga la mejor de las atenciones" comentó.

La portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Montserrat Comas, señaló que su asociación está "disconforme" con que, por razones humanitarias, se pueda retirar por España la solicitud de extradición ya que "en nuestra legislación no está previsto que por razones de salud se detenga el curso de un procedimiento penal".

Insistió en que "no hay ninguna norma procesal en España que permita sostener que se puede detener un procedimiento penal, a no ser por fallecimiento" y precisó que si existiera un informe médico "imparcial" que dictaminara un impedimento físico para poder ser trasladado a España "se podría retrasar el procedimiento, pero no detener su curso".

Por su parte, el abogado de la acusación particular, Carlos Slepoy, calificó de "sarcasmo" la posibilidad de que el ministro de Interior británico solicite al Gobierno español que retire la demanda de extradición, informa Europa Press.