CiU reclama en su programa electoral más poder legislativo sobre los municipios La coalición pide un gran pacto institucional para la reforma territorial de Cataluña

Convergència i Unió (CiU) propone, en su programa electoral para las próximas elecciones autonómicas, que la Generalitat tenga plenas competencias en materia de administración local y que incluso pueda legislar al margen de las leyes orgánicas del Estado. En el apartado de Modelo Territorial, el documento reclama de nuevo una profunda reforma de la administración en Cataluña con la supresión de las diputaciones y el traspaso de sus competencias a los consejos comarcales y las futuras vegueries. Por primera vez se pide la regulación legislativa de las áreas metropolitanas y un gran pacto institucional.

La coalición que lidera Jordi Pujol ya tiene prácticamente listo el denso programa electoral que presentará para los próximos comicios de otoño: un documento que, basado en las cuatro últimas macroconferencias del presidente de la Generalitat, propone dos grandes pactos institucionales: el nuevo modelo de distribución territorial para Cataluña y el del incremento del autogobierno, este último anunciado ya por Pujol en su discurso del pasado mes de marzo en ESADE. El primero requeriría el consenso de las fuerzas políticas catalanas, mientras que el segundo se ampliaría al resto de los partidos de ámbito estatal. La reestructuración territorial de Cataluña ya ha sido abordada ampliamente en anteriores programas con los que CiU ha concurrido a los distintos comicios, tanto autonómicos como generales. Sin embargo, el actual, para las elecciones de otoño, presenta algunas novedades, como por ejemplo que la Generalitat pueda legislar en materia de administración local al margen de la Ley Orgánica de Bases de Régimen Local y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ambas de rango superior a las que aprueba el Parlament. El objetivo último de estas iniciativas es que Cataluña cuente con una legislación propia sobre las relaciones entre el poder local y el autonómico, debido a su particular configuración territorial. Además, en materia fiscal, se solicita integrar el sistema de financiación de todos los entes locales de Cataluña en los presupuestos generales del Estado, con lo que se garantizarían unos ingresos fijos para los consejos comarcales, que ahora provienen exclusivamente del Gobierno autónomo. El pacto institucional que se reclama desde CiU se basa en un nuevo orden de distribución territorial que tendría como eje fundamental el municipio-comarca y que desarrollaría la Ley de Organización Territorial de Cataluña y del Gobierno Local, aprobada por el Parlament en 1987. Según el programa de CiU, Cataluña se convertiría en una provincia única y tan sólo se mantendría la actual configuración provincial en su ámbito de circunscripción electoral para las elecciones generales. Ello obligaría a suprimir las Diputaciones -Girona, Lleida y Tarragona controladas por CiU y Barcelona, por el Partit dels Socialistes- y al traspaso de sus competencias a los consejos comarcales y a las futuras regiones. La nueva distribución, por tanto, se basaría en las comarcas y en las vegueries. Estas últimas, cuyo número y composición no se especifica en el documento, servirían también para descentralizar administrativamente la Generalitat, un aspecto secularmente reivindicado por todos los partidos de la oposición política en Cataluña. Áreas metropolitanas Por primera vez, el programa de CiU contempla la realidad de las áreas metropolitanas de Cataluña, después de que la Ley de Organización Territorial de Cataluña de 1987 suprimiera la Corporación Metropolitana de Barcelona. Esta desaparición provocó la repulsa de los partidos de izquierda, que gobernaban la mayoría de ayuntamientos de esta zona. Sin embargo, el programa de la coalición nacionalista no se refiere tan sólo al hecho del área metropolitana de Barcelona, sino que se amplía a las del resto de Cataluña, es decir, al eje Tarragona-Reus-Valls y al de Girona, dos zonas con un gran auge de desarrollo industrial y urbanístico en los últimos años. Las propuestas del programa electoral de CiU se basan en las tesis defendidas en los últimos meses por Jordi Pujol en sus cuatro conferencias, es decir, la capacidad de incrementar el techo competencial de la Generalitat y la creación de un nuevo modelo de financiación, similar al cupo vasco. Sin embargo, el documento evita basarse únicamente en la reivindicación nacional y liga todas sus demandas a la mejora del bienestar de los ciudadanos, como por ejemplo en la construcción de infraestructuras de comunicación, educación o sanidad. La elaboración del programa de Convergència i Unió, que se encuentra en su fase final de revisión, ha sido dirigido por dos altos responsables del Departamento de Presidencia de la Generalitat: Ramón Juncosa, director general de Evaluación y Estudios y responsable de las distintas sectoriales de Convergència, y Josep María Via, secretario del Gobierno y de Relaciones con el Parlament. Juncosa ha sido el encargado de fundir los distintos textos aportados por las sectoriales tanto de Convergència como de Unió, mientras que Via ha coordinado las aportaciones de los diferentes Departamentos de la Generalitat. Todo ello bajo la dirección del secretario general de la Presidencia, Joaquim Triadú, y de la cúpula directiva de la coalición nacionalista.