Gibraltar
Cuando encaramos el siglo XXI, aún continúa desgraciadamente de actualidad la cuestión de Gibraltar, esa herida abierta en la integridad territorial de España por la fuerza de las armas hace ¡casi 300 años! Si ningún Gobierno español desde entonces ha dejado de reclamar su devolución, lógicamente los Gobiernos de la España actual, moderna, democrática y próspera, miembro de la Unión Europea (UE) y de la Alianza Atlántica, no pueden sino insistir en que se ponga fin a la pervivencia de esta última colonia en Europa. El Reino Unido (RU) se resiste a ello y no muestra síntomas de querer ceder los derechos que le otorga el Tratado de Utrecht. Gibraltar sigue suscitando vivos sentimientos nacionalistas en el Reino Unido como residuo romántico de su pasado colonial. Sea por ésta u otra razón, el RU desea continuar conservando la soberanía sobre el Peñón. Ahora bien, seguir manteniendo hoy, cuando el proceso de descolonización está prácticamente concluido, la colonia de Gibraltar tiene difícil justificación de cara a la opinión pública internacional. Para ello, el RU utiliza como escudo los deseos de la población gibraltareña, compromiso, por lo demás, no adquirido con Hong Kong, por ejemplo. A España le habla de que adopte medidas de cooperación para ganarse la voluntad de los gibraltareños, pero, paralelamente, ante éstos se presenta como el garante sólido y seguro de sus privilegios.Todos los esfuerzos españoles se han estrellado contra este muro infranqueable. Con el advenimiento de la democracia, España creyó que podría iniciar un diálogo directo, lejos de las confrontaciones en la ONU. En 1985, el ministro Morán presentó una propuesta y de nuevo yo lo hice en 1997. En ambos casos no se trataba de ofertas cerradas, sino de puntos de partida, de marcos abiertos de negociación. Nuestros esfuerzos para buscar una solución a este anacronismo histórico en el que se ha convertido Gibraltar han resultado estériles.
Mientras no se ha registrado el más mínimo progreso en las cuestiones de soberanía, Gibraltar busca consolidarse económica y políticamente, distanciando con ello a su población de cualquier fórmula integradora con España. Gibraltar es un problema de soberanía, sin duda, pero también de vecindad, y aquí sí podemos actuar e influir.
Desde algunos sectores se nos habla de que incrementemos la cooperación con Gibraltar. Nada me gustaría más, pero ello tendría que venir acompañado del inicio de unas negociaciones serias para la solución del contencioso. De lo contrario, tiraríamos piedras contra nuestro tejado. Desde la concesión española de la apertura de la Verja, la situación ha evolucionado, pero en la línea de reforzar la autonomía política y la posición de privilegio económico de Gibraltar.
La economía de Gibraltar, antaño sustentada en la base militar británica y el contrabando, hoy está basada en su situación de excepcionalidad dentro de la Unión Europea al no serle de aplicación, entre otros, el IVA y estar excluida de la Unión Aduanera. Llanamente: mientras desmantelamos los duty free de nuestros aeropuertos, tenemos en Gibraltar un gigantesco duty free orientado al mercado español. Por si ello no fuera más que suficiente, Gibraltar, por no hablar de los tráficos ilícitos, también ejerce sobre España un amplio dumping económico y fiscal merced a la opacidad de su sistema financiero (más de 75.000 sociedades para apenas 30.000 habitantes); opacidad que ha sido puesta de relieve la semana pasada por la Comisión de la UE al abrir al Reino Unido cuatro procedimientos de infracción por no transposición de directivas comunitarias en materia de sociedades.
En el ámbito político, parecería que el Reino Unido ha hecho dejación de sus responsabilidades. Cara a Londres, Gibraltar se está convirtiendo de hecho en una entidad independiente, como se encargó de demostrarlo durante la crisis pesquera de enero su ministro principal, ignorando el acuerdo hispano-británico y haciendo y deshaciendo a su antojo.
Si un estatuto especial político y económico para Gibraltar, respetuoso de la normativa comunitaria, podría ser tolerable en un marco de retrocesión de la soberanía negociado con España, no podemos permitir en contra nuestra el mantenimiento de la actual situación, que es perjudicial para la región, entre otras cosas, porque es un caso flagrante de competencia desleal; de consentirla, además, alejaríamos la solución del contencioso. De ahí, la decidida voluntad de firmeza de este Gobierno para poner fin a anteriores periodos de permisividad e inacción. Sin perjuicio de una continuidad de nuestra política con el Reino Unido, nuestra actuación se está centrando en tres frentes principales:
Primero: en el Campo de Gibraltar, donde es nuestra intención impulsar el desarrollo sostenible de la comarca. Hemos de terminar con la dependencia secular del ciudadano campogibraltareño respecto a la colonia. En 1997 establecimos la Comisión Tripartita para coadyuvar a las necesidades financieras de La Línea y este año hemos creado la Comisión Interministerial que ha puesto a trabajar al conjunto de los diferentes departamentos ministeriales en beneficio del Campo y de la calidad de vida de sus habitantes. Muy pronto se empezarán a sentir los efectos, empezando por los equipamientos y las infraestructuras. Segundo: extremando el rigor en la lucha contra las actividades ilícitas y fraudulentas. Esa lucha discurre por dos caminos simultáneamente. En primer lugar, reforzando los controles en la Verja, que no hay, por cierto, que magnificar ni dramatizar, pues nos limitamos a cumplir con las obligaciones que nos impone nuestra pertenencia a la Unión Aduanera y al espacio Schengen, de los que Gibraltar no forma parte. Y en segundo, aumentando la labor fiscalizadora de las autoridades de Hacienda y de Aduanas españolas sobre las posibles conexiones entre las entidades financieras opacas gibraltareñas y los capitales fruto de la evasión fiscal o cualquier otra dudosa procedencia en España.
Tercero: en el seno de la Unión Europea, donde Gibraltar pretende adquirir un protagonismo internacional que como colonia no le corresponde. Nos seguiremos oponiendo dentro de la UE, en cada una de sus instituciones y grupos de trabajo, a que Gibraltar se convierta, para lo que cuenta con el apoyo del Reino Unido, en interlocutor válido de nuestros socios comunitarios, en violación de lo estipulado en los tratados comunitarios.
Por duro e incómodo que nos resulte, proseguiremos por esta vía mientras, como ya he señalado, no empecemos a hablar, de verdad, de todas las cuestiones, incluida, por supuesto, la de soberanía. Pretender aparcar o congelar esta cuestión -nueva forma de evocar la vieja tesis de la fruta madura- es un ejercicio de hipocresía o un intento de engañar a nuestras opiniones públicas. Hay que tener la valentía de afrontar los problemas y, evidentemente, la cuestión de soberanía es el fundamental para España. Hay que tener imaginación y generosidad para encontrar soluciones y éstas sólo pueden alcanzarse en el marco del diálogo.
Los gibraltareños nada tienen que temer de este diálogo. Sus intereses me merecen un profundo respeto. Ahora bien, una cosa es la defensa y protección, con las garantías que sean precisas, de estos intereses legítimos y otra muy distinta convertir a Gibraltar en una nación soberana. No alcanzo a comprender que los gibraltareños puedan concebir su futuro de espaldas a España. La actitud de sus dirigentes a ninguna parte les conduce, a menos que piensen transmitir a sus hijos este legado de confrontación.
Creo que el acomodo es posible, pero no está únicamente en nuestra mano la solución del contencioso. Por nuestra parte, no desfalleceremos en nuestros esfuerzos ni cejaremos en nuestros propósitos, entre otras cosas, porque los acontecimientos de los últimos meses nos están dando 1a razón. Los pescadores continúan faenando en los caladeros próximos a Gibraltar. Mientras, el reforzamiento de los controles nos está permitiendo, aparte de un más cabal cumplimiento de nuestras obligaciones hacia nuestros socios comunitarios y de Schengen, una lucha más eficaz contra el contrabando y los tráficos ilícitos provenientes de Gibraltar.
Por su parte, la pretensión gibraltareña de convertirse de facto en el 16º Estado de la Unión Europea está siendo contrarrestada con eficacia en las distintas instituciones y organismos comunitarios. Asimismo, el entramado logístico-financiero de Gibraltar se encuentra con problemas cada vez mayores para actuar al margen de la normativa comunitaria. El procedimiento de infracción, antes mencionado, abierto recientemente por la Comisión contra el Reino Unido es un buen ejemplo de ello.
