El Poder Judicial abre expediente a la decana de Marbella e inicia los trámites para suspenderla
La comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer por unanimidad abrir un expediente disciplinario a la juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, e iniciar los trámites para suspenderla cautelarmente en sus funciones antes de fin de mes. El expediente abarcará todas las propuestas formuladas por la Inspección del Consejo, salvo la relativa a su participación en una decisión de la junta electoral en relación con un vídeo del Partido Andalucista en el que se le acusaba de vinculaciones con Jesús Gil. El traslado forzoso de la juez corresponde a la Comisión Permanente.
El expediente disciplinario abarcará las siguientes conductas de la magistrada: no comunicar al Consejo que es incompatible para ejercer su cargo en Marbella (Málaga), donde su familia tiene importantes intereses económicos, y la vulneración o incumplimiento del deber de abstención en casos en los que tenía interés, como el nombramiento de comisario y administrador en la quiebra de Banús Andalucía la Nueva.La decisión de la Comisión Disciplinaria del órgano de Gobierno de los jueces tiene su base en el informe elaborado por el Servicio de Inspección del CGPJ, que desplazó tres inspectores a Marbella para investigar la denuncia formulada por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, contra la juez decana. -
Incompatibilidad.
Los inspectores constatan en los primeros 29 folios de su informe la importante actividad económica de miembros de la familia de la juez, en especial de su padre, Juan Ramírez Rodríguez; su hermano, Juan Carlos Ramírez Balboteo; o su primo Diego Jiménez Balboteo, con representación en una treintena de sociedades con sede en Marbella, en algunas de las cuales intervienen como socios, propietarios o apoderados los italianos Felice Cultrera, Gianni Meninno, Ugo Gianino, vinculados al Clan Santapaola, de la Mafia de Catania (Italia). Se incluye un proceso por estafa tramitado en el juzgado 4 de Marbella contra Meninno, Cultrera y el padre de la juez, y cuyo juicio está previsto para mayo del año que viene en el Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga.Esas sociedades, que otorgan poderes casi siempre a las mismas personas -los familiares de la juez Ramírez- han participado en importantes operaciones de alto valor económico en Marbella. El informe destaca también lo insólito de que un oficial de los juzgados jubilado, como es el caso del padre de la juez, Juan Ramírez, tenga tanta intervención en sociedades salvo que tenga intereses económicos.
Y la ley establece que los jueces no podrán desempeñar sus cargos en una población de menos de 100.000 habitantes en la que parientes en segundo grado tengan intereses económicos, para que no obstaculice su imparcialidad como juez.
El informe señala que esa situación que afloró en el pasado continúa hoy, y que los intereses tanto del padre como del hermano de la juez Ramírez siguen siendo muy importantes. Además, incluye que Marbella nunca ha superado los 100.000 habitantes, en contra del certificado del Ayuntamiento aportado por la magistrada en el anterior expediente iniciado en 1996. El Ayuntamiento de Marbella, en sesión urgente pretendió modificar el censo en 1998 con un resultado de 102.050 habitantes, pero el Instituto Nacional de Estadística revocó la decisión por haber personas cuyos datos aparecían duplicados dentro del padrón de Marbella, o en los padrones de otros municipios, así como difuntos que no habían sido dados de baja. El censo quedó fijado en 98.377 personas a fecha 18 de marzo pasado y continúa vigente.
Ese dato fue determinante para el archivo del anterior expediente, por lo que al ser falso, la inspección considera que debe reabrirse o incoarse uno nuevo. La inspección, en cualquier caso, considera que la juez está incursa en un caso de incompatibilidad sobrevenida. Pilar Ramírez tenía la obligación de haber comunicado su incompatibilidad al Poder Judicial y no lo hizo, lo que constituye un falta muy grave. Dentro del expediente que se abra, señala el informe, debería investigarse la actividad económica del marido de la magistrada, el farmacéutico Nicolás Navarro Abadía. -
Vínculos con Jesús Gil.
El informe constata el malestar social refrendado por el resto de los jueces de Marbella por las relaciones económicas entre la familia de la decana y el alcalde Jesús Gil y su entorno. Destaca el trato de favor, al menos aparente, que la magistrada ha dado al Ayuntamiento marbellí, cuyo alcalde es precisamente Gil, en casos que ha tramitado.Entre estos casos, llama la atención el de la quiebra de la sociedad Banús Andalucía la Nueva SA, instada por el Ayuntamiento de Marbella. La juez designó depositario y administrador judicial a Antonio Calleja, cuyo nombramiento había sido reiteradamente solicitado por el Ayuntamiento. También nombró administrador a Antonio Sampietro, concejal del grupo político de Gil, sin argumentar la necesidad y proporcionalidad de la medida. La decisión fue revocada por la Audiencia de Málaga.
El informe de la inspección señala que la gravedad de la actitud procesal de la juez, tras nombrar administrador e interventor de la quiebra a los designados por el Ayuntamiento y la inactividad tendente a comprobar si el designado había sido recusado en la quiebra podría dar lugar a la depuración de las responsabilidades correspondientes, no sólo disciplinarias, sino también penales.
