El plumero, a la vista del respetable...
Si hay un discurso del método de los peritos propuestos por Arturo Romaní, quedó en evidencia en la Operación Carburos. Todos los documentos en la causa carecen, según Díez Fuentes y sus colegas Leandro Cañibano y Miguel Ángel Garrido, de fuerza o "valor contractual", según su expresión, para que Banesto pudiera reclamar a Air Products el pago de 1.344 millones. A todo esto, los principales ejecutivos de Air Products han declarado, bajo la obligación de decir verdad, que ellos compraron opciones a Banesto, que pagaron a Banesto (en Suiza según se les instruyó por parte de Romaní) y que exigieron un recibo varias veces después, en 1990, sin éxito. El testimonio de los ejecutivos carece de valor, según los peritos. Los documentos son borradores en la mayor parte de los casos y comunicaciones internas, cartas y correspondencia de Air Products.
Sin embargo, los peritos, bajo el liderazgo socarrón -expresado con risas durante sus respuestas- de Díez Fuentes, estiman que el legítimo destinatario del dinero era Jacques Hachuel. Llegado a este punto, uno se pregunta, como el fiscal y las acusaciones, en qué documento de "valor contractual" se han basado para sostener dicha afirmación "económica". Pues, según reconocieron, no existe documento contractual alguno en relación a Hachuel en la causa. Se han basado en las propias declaraciones de Hachuel. Las de los directivos de Air Products no valen, sus documentos son meros borradores. Si se trata de borradores, Hachuel ni eso.
