El PSC denuncia amiguismo en la adjudicación de servicios de pruebas y análisis de Sanidad

Los concursos de la sanidad pública catalana para adjudicar "productos intermedios", que incluyen pruebas y análisis, se han resuelto con escandalosas concentraciones en empresas amigas, según denuncia la diputada del PSC Carme Figueras. Por ejemplo, en Barcelona el 80% de la rehabilitación extrahospitalaria está confiada al Centre de Rehabilitació Funcional i Fisioteràpia (CRFF) de Albert Núñez, que fue coordinador de la mesa técnica que reordenó este sector, presidida por Jaume Roma. En otros casos se ha favorecido a empresas del grupo Sumarroca

Los llamados productos intermedios, que incluyen pruebas analíticas, exploraciones radiológicas, medicina nuclear, diagnóstico por la imagen, resonancias magnéticas y sesiones de rehabilitación, se adjudicaban hasta 1998 sin concurso previo. Para cumplir con lo establecido por la Ley de Concursos de las Administraciones Públicas, el Instituto Catalán de la Salud (ICS) inició un proceso de licitación de esas pruebas en el que la diputada del PSC Carme Figueras denuncia "amiguismo" en favor de algunas empresas, que obtienen hasta el 80% de lo sometido a concurso. El caso más escandaloso de "concentración" se produce en favor del Centre de Recuperació Funcional i Fisioteràpia (CRFF), que ya facturó 412,7 millones de pesetas al Servicio Catalán de la Salud (SCS) en 1997. Este centro, radicado en Barcelona y convertido en el gran proveedor de este servicio, captó en el concurso el 74% de la rehabilitación ambulatoria y el 100% de la domiciliaria. En total, cerca de 440.000 sesiones anuales. Este centro, que cuadruplica las adjudicaciones del segundo en el concurso, tiene como apoderado a Albert Núñez Pérez, que fue, precisamente, el coordinador de la mesa técnica que reordenó el sector de la rehabilitación en 1991. Esa mesa fue presidida por el entonces gerente del Área de Recursos Económicos del SCS, Jaume Roma, que años después tuvo que dimitir del cargo de consejero de Sanidad por un escándalo relacionado con la construcción de su chalet. La diputada Figueras denuncia la "falta de criterios objetivos y de la más elemental transparencia en la adjudicación de los concursos". Cetir Centre Mèdic es el gran proveedor de medicina nuclear y, según la diputada, "algunos administradores, consejeros o apoderados de esta empresa son los mismos que constan en otras adjudicatarias de grandes volúmenes de otros tipos de pruebas", entre ellas algunas pertenecientes al grupo empresarial de Carles Sumarroca, próximo al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Las empresas de Sumarroca General Lab y Medical Lab son las grandes beneficiarias de los concursos de pruebas de análisis clínicos, "sobre los que la Generalitat practica el más férreo ocultismo y falta de transparencia", según Figueras. En cuanto a los concursos de radiodiagnóstico, se da la circunstancia de que el ICS acordó pagar las pruebas clínicas a la empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) un 30% más caras que las que adjudicó al sector privado (Ver EL PAÍS del 30 de mayo). Figueras afirma: "En el IDI instalado en el hospital Joan XXIII de Tarragona se facturan las pruebas a mutuas privadas un 35% más baratas que el precio que se cobra al propio ICS". Las adjudicaciones de pruebas de radiodiagnóstico (1.425 millones de pesetas) no se escapan a la crítica del principal partido de la oposición. Así, consideran "incoherente" que una de las empresas adjudicatarias de pruebas del hospital de Bellvitge y del hospital de Can Ruti (Badalona) sea Medical Ressonància Magnètica, que está ubicada en una nave industrial de Sant Joan Despí. "Es evidente que no se han tenido en cuenta criterios de proximidad o de accesibilidad a este centro", resume Figueras. Otra de las empresas favorecidas es Taxco, que se incribió en el Registro Mercantil el 2 de enero pasado, justo a tiempo para presentarse al concurso de adjudicación. Fuentes del sector afirman que algunas de las empresas favorecidas contaron con el asesoramiento técnico de una consultoría de la que forma parte el ex consejero de Sanidad Jaume Roma. "La situación es grave", afirma Figueras, "porque, a pesar de los concursos, nada se ha logrado en materia de reducir las listas de espera que, en el caso de las resonancias magnéticas, por ejemplo, llegan hasta seis o siete meses".