Piqué firmó el acta con la que el Gobierno dio vía libre al perdón de 7.400 millones a Ercros

Madrid - 27 may 1999 - 00:00CEST

El ministro de Industria, Josep Piqué, avaló con su firma el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el 4 de junio de 1998 para perdonar a Ercros -empresa que el propio Piqué presidió hasta 1996- 7.400 millones de un crédito global de 8.500 millones concedido en 1994. Así consta en la documentación enviada ayer al Congreso por la propia Comisión Delegada. La aparición de la firma, según PSOE e IU, demuestra que Piqué participó desde el Gobierno en decisiones sobre su antigua empresa, lo que vulnera la Ley de Incompatibilidades.

La firma del titular de Industria en el acuerdo que perdonó 7.400 millones a Ercros aparece junto a las del ministro de Trabajo, entonces Javier Arenas, y la del ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato.Piqué ha asegurado en las últimas semanas que su inhibición respecto al crédito de Ercros se demuestra por el hecho de que no asistió a las dos reuniones de la Comisión Delegada (28 de mayo de 1998 y 4 de junio de 1998) en la que se abordó el tema. Como prueba de inhibición -aceptada y explicada en el Congreso por el ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes-, Piqué se ha referido a dos faxes enviados por su secretaría al Ministerio de Economía los días 27 de mayo de 1998 y 2 de junio de 1998 en los que anunciaba su propósito de no asistir a las reuniones.

La Ley de Incompatibilidades que, según la oposición, ha vulnerado Piqué establece en el artículo 2.3 que "quienes desempeñen un alto cargo" están obligados "a inhibirse de los asuntos en cuyo despacho hubieren intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento hubieren tenido alguna parte (...)". Asimismo, establece que la inhibición se producirá "por escrito" y que deberá notificarse "al superior inmediato del alto cargo" de que se trate.

Según los diputados del PSOE, Francisco Fernández Marugán, y de IU, Mariano Santiso, Piqué ha vulnerado dicha ley. Justo lo contrario de lo que hizo el pasado día 4 de mayo el ministro de Economía, Rodrigo Rato, respecto al cual un Real Decreto publicado en el BOE dio cuenta de su inhibición -y sustitución por el titular de Industria- en la tramitación de un expediente (compra de Schweppes por Coca-Cola), proceso que lejanamente afectaba a los intereses de la familia del vicepresidente en la empresa Rebecasa. La aparición del documento referido a Ercros, después de que el portavoz de CiU en el Congreso, Josep López de Lerma, señalara el pasado martes que "algo anómalo" sucedía en torno a la documentación solicitada, levantó ayer una enorme polvareda política. Hasta cinco ruedas de prensa convocaron en apenas 50 minutos los diputados de PSOE, IU y del PP para argumentar y contraargumentar. El PP calificó las acusaciones de "insidias".

Marea de acusaciones

El propio ministro -que ya había sido preguntado en el Pleno sobre su no inhibición en el tema Ercros- se vio obligado a tratar de parar la marea de acusaciones. Lo hizo con argumentos contradictorios. Según afirmó en los pasillos del Congreso, la firma del acuerdo fue "un acto debido" porque "los acuerdos [de la Comisión Delegada] deben ser firmados por los departamentos afectados correspondientes". Pero a renglón seguido, restaba trascendencia al asunto y acusaba a la oposición de haber "descubierto el Mediterráneo" porque "no se trataba [la decisión sobre Ercros] de ninguna decisión que afectara a competencias del Ministerio de Industria y Energía", sino a asuntos relacionados con Economía y Hacienda y Trabajo.

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Su portavoz en Industria, mientras tanto, defendía que Piqué firmó el acuerdo "con posterioridad" a la aprobación del mismo por la Comisión Delegada. Preguntado sobre en qué momento se produjo la firma, dicho portavoz se limitó a insistir en que "con posterioridad". Esta tesis entraba también en contradicción con las explicaciones que el diputado del PP, Diego Jordano, exponía en el Congreso y en las que afirmaba que la única intervención de Piqué respecto a Ercros fue en los actos de formalización de la propuesta "que iba a ir" a la Comisión Delegada.

El ministro elude explicar las subvenciones bajo sospecha

La aparición de la firma de Josep Piqué en la documentación Ercros culminó un día intenso para el ministro. Por la mañana, compareció ante la subcomisión que analiza la política de ayudas de su ministerio y eludió responder a todas las preguntas planteadas por la oposición sobre casos concretos como Hullera Vasco Leonesa, Castileon 2.000 o Palacio de Canedo.La sesión de ayer -que cierra un periodo que se reanudará tras las elecciones del 13 de junio- fue áspera. El tono retador de Piqué, que animó al PSOE a interponer una querella criminal contra él en lugar de acudir simplemente a la Fiscalía Anticorrupción, como ha anunciado, se mantuvo durante las casi cinco horas de sesión. "Tendrán que pedir perdón", auguró a los socialistas.

Las frases dedicadas por Piqué al diputado de CiU, Jordi Jane -que previamente le había acusado de "desatender" la subcomisión- y al PSOE -"tengo unas ganas enormes de hablar de Ercros"-, sonaron ásperas.

Al diputado catalán, quien dijo que "sobre la subcomisión ha planeado la imagen de un ministro erosionado por su trayectoria y su fiscalidad", el ministro le respondió que aceptaría gustoso que "la Generalitat, con una amplia experiencia de Gobierno de 20 años" le sugiriera cambios legislativos porque "también la Generalitat ha sabido de subvenciones polémicas".

Bien arropado -en la sesión estuvieron presentes ocho miembros de su equipo, encabezados por la directora de Minas, Paloma Sendín-, Piqué y el partido al que pertenece, el PP, controlaron estrechamente el desarrollo de la comparecencia. Los diputados del PSOE, Javier Fernández y Álvaro Cuesta, y el de IU, Mariano Santiso, reclamaban explicaciones concretas sobre casos concretos (Hullera Vasco Leonesa, Castileon 2.000, Palacio de Canedo) al titular de Industria. Y contestaba a cada caso el diputado del PP, Javier Peón.

Piqué se limitó a los planteamientos generales: la política de subvenciones ha mejorado desde que Gobierna el PP; sus controles también; está dispuesto a aceptar sugerencias para mejorar el marco legal de las ayudas; no han existido ilegalidades en su concesión, sino todo lo más, unos escasos "errores mecanográficos" y en contra de lo que sucedía, el actual Gobierno no discrimina. El PSOE mantuvo que en el comportamiento de Piqué se ha detectado "irregularidad, sectarismo y violación de la legalidad".