El Gobierno se olvida de la 'ley del fútbol' con el Mallorca
La legislación declara el partido de "interés general", pero se dio codificado
El partido Chelsea-Mallorca, incluido en el catálogo de retransmisiones que se deben ofrecer en emisión gratuita para toda España, se difundió ayer por Vía Digital (sólo para sus abonados), al precio de 995 pesetas. Por tanto, la televisión estatal, TVE, no ha considerado que sea de interés general un partido que lo es oficialmente a tenor de una ley. Sí dieron el encuentro en directo, en cambio, TV3 y Euskal Telebista, para sus respectivas comunidades autónomas.El hecho no generó protesta alguna ni del Gobierno ni de quienes en su día apoyaron la llamada ley del fútbol en el Parlamento o en los medios de comunicación; y muestra de nuevo la difícil aplicación de esa ley.
Vía Digital es la plataforma de televisión de pago promovida en su día por el Gobierno y por las televisiones autonómicas del PP, y controlada por la Compañía Telefónica. El pasado diciembre, Vía Digital emitió la Copa Intercontinental de fútbol (Vasco de Gama-Real Madrid), que podía considerarse de interés general, pero entonces se recordó que ese partido no figuraba en el citado catálogo.
La ley del fútbol, auspiciada por el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos y promulgada en julio de 1997, establece que los acontecimientos deportivos de interés general se incluirán en un catálogo que debe aprobar el Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas.
Este organismo determinó en julio de 1998 tal relación, y entre los partidos de fútbol de interés general incluyó las semifinales y la final de la Recopa "si hay participación de equipos españoles". En el catálogo no figuraba, en cambio, el encuentro Barça-Madrid, emitido por Canal Satélite el pasado enero entre las protestas de los promotores de esta ley.
La ley del fútbol es taxativa: "Las competiciones o acontecimientos deportivos de interés general deberán retransmitirse en directo en emisión abierta y para todo el territorio del Estado". Este precepto dificultaba, por tanto, que el otro operador de pago optase por hacerse con los derechos, al quedar el partido reservado para su emisión gratuita.
El director general del Consejo Superior de Deportes (CSD) Ignacio Ayuso declaró ayer a EL PAÍS que el Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas no ha recibido ninguna llamada de las empresas de televisión gratuita donde se le indicase que hubieran tenido problemas para la transmisión del partido Chelsea-Mallorca en el ejercicio de sus derechos. Ese organismo preguntó expresamente a TVE al respecto, y esta cadena le respondió que se había interesado ante la empresa GMAF (Telefónica), propietaria de los derechos, el pasado 26 de marzo; y ésta le respondió que había vendido el encuentro a TV3 para Cataluña. TVE respondió que sólo le interesaba el Chelsea-Mallorca si podía emitirlo en toda España.
Anoche, TVE emitió un comunicado donde indica que sí había solicitado el partido: exactamente ayer. Ignacio Ayuso agrega que en efecto: a las 19.29, apenas hora y cuarto antes de que empezase.
Pese a las palabras de Ignacio Ayuso sobre la ausencia de solicitudes o quejas de las televisiones gratuitas, el requisito de que éstas pidan ofrecer un partido figura en la ley sólo para los de Liga y Copa. Para los acontecimientos que se incluyan en el catálogo de "interés general", la ley del fútbol obliga taxativamente, según su tenor literal antes citado, a que el poseedor de los derechos emita el partido "en abierto".
Ignacio Ayuso opuso ayer a eso que la ley parece mal redactada, puesto que no se puede obligar a una televisión gratuita a ofrecer el partido si no lo desea. Ante la observación de que eso es precisamente lo que dice la ley para los acontecimientos incluidos en el catálogo, Ayuso respondió que del preámbulo de la norma (explicación previa) aclara el sentido de la ley, al hablar sólo de derechos y no de obligaciones.
Este periódico solicitó ayer sus opiniones a la Vicepresidencia del Gobierno (que remitió a la Secretaría de Comunicación), a la Secretaría de Comunicación (que remitió al Consejo Superior de Deportes) y al Ministerio de Fomento, cuyo titular, Rafael Arias Salgado, fue uno de los máximos defensores de la ley del fútbol. Pero este departamento declinó también hacer comentarios.
