La Policía y la Guardia Civil aún no han recibido órdenes para destruir las fichas personales del franquismo

Ni la Jefatura superior de Policía ni la Guardia Civil de Valencia han recibido aún orden judicial alguna sobre la destrucción o el tratamiento que hay que dar a las fichas de peligrosidad social que se conservan de la época franquista, pese a que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia autorizó su destrucción a instancias de una reclamación presentada por el valenciano Antonio Ruiz. En una respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria del diputado de Nova Esquerra en el Congreso Manuel Alcaraz, se indica que la regulación en materia de ficheros policiales es "muy compleja" y que las fuerzas de seguridad "se atienen a lo establecido por las normas legales". En las fichas a que se refiere la polémica constaban referencias a las creencias, formas de vestir, prácticas u orientación sexual de los ciudadanos. El caso que desencadenó la resolución del TSJ fue impulsado por Antonio Ruiz, quien obtuvo la autorización para la destrucción de su ficha. El tribunal valenciano, además, estableció el criterio de que fuesen destruidas las fichas que ya no tienen ninguna implicación judicial y que se conservasen aquellas sobre las cuales los afectados pueden ejercer algún tipo de reclamación. En su respuesta a Alcaraz, el Gobierno señala que la cancelación o no de los datos no se produce sólo a requerimiento judicial sino de oficio en el supuesto de que recaiga la sentencia firme absolutoria o se produzca sobreseimiento del caso.