Temor a que De la Barreda tire de documentación
No hay extranjeros en esta guerra. Aquí no aparece el PSOE por ningún lado. La crisis del PP de Tenerife -una verdadera novela de género en la que aparecen políticos presuntamente corruptos, constructores avispados, un matón con una Harley Davidson y una abogada tenaz que termina con el cuello roto- se agrava cada día sin que nadie avive el fuego desde fuera. Lo que más fastidia a la cúpula nacional del PP -hoy se reúne en Madrid con el presidente tinerfeño, Francisco de la Barreda- es precisamente que todos los protagonistas tengan carné del partido. Otra de las preocupaciones es que De la Barreda muera matando. Que, si lo expulsan, tire de documentación para denunciar presuntos casos de corrupción.Los últimos datos indican que los dirigentes del PP -ayer oyeron la versión del presidente canario, José Miguel Bravo de Laguna- entregarán hoy el finiquito a De la Barreda. Otra cosa es que éste acepte firmarlo. El aún presidente del PP local aseguró el domingo a este periódico que la militancia está con él pero que la situación de miedo, "el ambiente de corrupción que se vive en el partido", impide desvelar las adhesiones públicamente.
Mientras tanto, en la isla continúa el ambiente de tensión entre militantes y cargos del PP. Un malestar que se acrecienta -en conversaciones privadas, nunca públicas- al sospecharse que De la Barreda tiene información amplia de su etapa de consejero de Industria sobre "cosas que no estaría bien airear". Ya lo hizo días atrás recordando la, a su juicio, irregular concesión de licencia a una gran superficie comercial. La situación es tan peculiar que la última agresión a Julia Bango, la abogada que investiga un presunto caso de corrupción urbanística en Tegueste, al norte de Tenerife, no es ni de lejos lo que más preocupa en el partido.
En conversación con este periódico, Alfredo González García, consejero de Industria y Consumo del Cabildo Insular, admitió: "Yo también soy una víctima. Me señalan por la calle como autor de unas llamadas amenazantes que no he hecho. Si quieren acusarme, que lo hagan en los juzgados; ya me defenderé yo". Se refiere al hecho -descubierto por la policía- de que algunas de las llamadas amenazantes que recibió la abogada se realizaron desde su oficina. "Aquí está la prueba", un papel firmado por dos de los auxiliares administrativos a sus órdenes, "de que fueron otras dos personas, y por motivos exclusivamente profesionales, las que telefonearon a la abogada", explica.
Aun en el caso de que la crisis quede oficialmente zanjada con la destitución de De la Barreda, el PP isleño ya está hecho unos zorros. De ello da fe el vendaval de declaraciones -unas más insultantes que otras, pero ninguna suave- que se siguen cruzando entre sí los cargos. A la declaración inicial de De la Barreda -"existe una mafia pura y dura dentro del partido"- están siguiendo otras similares. Valga una muestra. "De la Barreda es una persona indigna, incapaz de ejercer las funciones que tiene otorgadas; habría que incapacitarle", según el consejero de la Presidencia, Lorenzo Suárez, del PP.
Ni el PSOE ni IU han querido dar leña. Sólo José Carlos Mauricio, el portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, señaló al coordinador regional de los populares canarios, Ignacio González Santiago, como "el inspirador de los comportamientos mafiosos" denunciados por De la Barreda. Para Mauricio, "González introduce permanentemente en la política canaria elementos de agresión, distorsión y chantaje". Tanto González como su padre, Ignacio González Martín, son considerados como "los dueños" del PP tinerfeño. Unas veces desde la luz y otras desde la sombra, nadie duda de que son ellos -empresarios de gran solvencia y permanentemente presentes en la vida de Tenerife- quienes mueven sus hilos.
