Junta y Gobierno extenderán un servicio jurídico para presos creado en Málaga
El balance de los seis primeros meses de un servicio de asistencia jurídica gratuita a presos malagueños -único en Andalucía- se convirtió ayer en una reivindicación: que la iniciativa se amplíe a las otras 12 cárceles de la comunidad. La Junta y el Gobierno eludieron concretar cifras, pero aceptaron el envite y se comprometieron a apoyar el proyecto. El Servicio de Orientación Penitenciaria fue creado por el Colegio de Abogados de Málaga. Su objetivo es llenar las lagunas que deja el turno de oficio y se presta gracias a la colaboración altruista de 300 letrados. Según la Administración autonómica, serán necesarios 120 millones de pesetas para ampliar el servicio a los demás reclusos. Rosa Bendala, directora general de Relaciones con la Justicia de la Junta, fue tajante en el compromiso: "Tenemos que extenderlo a Andalucía para cumplir un mandato del Defensor del Pueblo Andaluz". Bendala no fue tan clara en las cifras porque, explicó, las partidas disponibles no se conocerán hasta fin de año. El subdelegado de la Administración central, Carlos Rubio, fue más parco, pero aseguró: "El Gobierno siempre va a colaborar". El balance refleja que el 25% de los 1.500 internos de la cárcel malagueña solicitó asistencia, porcentaje que en el caso de las reclusas llegó al 80%. El trabajo de los abogados ha permitido constatar que la mayoría de los presos delinquió cuando aún no había conseguido su primer empleo y trazar un perfil de los internos atendidos: "Hombre joven, sin empleo, que carece de recursos económicos, se desenvuelve habitualmente en la marginación social y arrastra problemas de adicción a sustancias estupefacientes. Esta circunstancia los convierte en multirreincidentes".
