Agredida una abogada del PP de Tenerife en medio de las disputas por las listas electorales
La crisis del PP en Canarias ha pasado en unos días de las amenazas de muerte, denunciadas por el presidente del partido en Tenerife, el diputado nacional Francisco de la Barreda, a las agresiones físicas, que sufrió ayer Julia Bango, abogada de esta formación, quien tuvo que ser hospitalizada. El PP intenta diferenciar estos dos casos para amortiguar su gravedad. El primero lo sitúa en el apartado de las disputas electorales y en el interés de Francisco de la Barreda por hacerse un hueco en las listas. El ataque a la letrada tiene que ver, según esta versión, con la denuncia que ésta investigaba hace meses sobre irregularidades urbanísticas en un municipio gobernado por Coalición Canaria (CC).
Las amenazas de muerte y extorsión denunciadas el miércoles por De la Barreda se hicieron ayer efectivas en una abogada del PP que recibió una paliza cuando abandonaba su vivienda a primera hora de la mañana. Julia Bango fue ingresada en el hospital tinerfeño Rambla con traumatismo craneal y conmoción cerebral. De la Barreda ya había advertido de las intimidaciones de que había sido objeto la letrada e incluso había insinuado la implicación de miembros de su propio partido.El tiempo ha enlazado los dos casos aunque parecen partir de intereses diferentes. El hecho de que hayan confluido en las vísperas de la selección de candidatos para los ayuntamientos y los cabildos les ha otorgado más notoriedad. La dirección del PP, tanto en Canarias como en Madrid, deslindaba ayer ambos asuntos.
La agresión contra la abogada se relacionaba con la construcción de parte de una urbanización en un terreno reservado para uso público en la localidad tinerfeña de Tegueste, que gobierna CC con mayoría absoluta, y que el grupo del PP en ese municipio llevó a los tribunales en septiembre pasado. Entonces contrató a Julia Bango, que desde que defiende ese recurso ha sufrido un intento de atropello y varios conatos de agresiones.
De la Barreda argumenta que su intención de encabezar ahora la lista al cabildo (Diputación), a lo que se negó el sector de los populares tinerfeños encabezado por el coordinador regional del PP, Ignacio González, respondía a su deseo de que las personas que supuestamente podrían estar implicadas en dichas intimidaciones "no se colasen en las listas". Este deseo expresado por De la Barreda se frustró este pasado miércoles.
De la Barreda abandonó la sesión que celebraba el comité ejecutivo insular para cerrar las listas pero no pudo evitar con ese gesto que la cita continuase. Los demás miembros siguieron con el orden del día que establecía la designación del comité electoral que posteriormente nominó a Pedro Galván candidato al cabildo y a José Emilio García Gómez, cabeza de lista al Ayuntamiento de Tenerife. De la Barreda aseguró ayer que esa reunión y las candidaturas que resultaron elegidas son "ilegales en toda regla", por lo que ya ha pedido a la dirección del partido en Madrid su impugnación. El aún presidente popular de Tenerife envió al secretario ejecutivo de Organización del PP nacional, Juan Carlos Vera, toda la documentación en su poder sobre este caso. La dirección del partido la estudiará, incluso la remitirá al Comité Nacional de Derechos y Garantías, pero no actuará de momento. Fía el seguimiento de este polémico asunto a José Miguel Bravo de Laguna, presidente del PP en Canarias.
Bravo de Laguna tomó ayer partido claramente contra De la Barreda, al que le exigió su dimisión por no contar con el respaldo del comité ejecutivo de Tenerife. También avaló la reunión del comité electoral, sus resultados y sus candidatos.
De la Barreda no tardó en replicarle, al salir de visitar a la abogada en el hospital, al calificar la situación que vive el PP en Tenerife como de "fascismo puro y duro", parecida al 23-F o "mafia organizada".
El portavoz de CC en Madrid, Juan Carlos Mauricio, pidió ayer al PP que acabe con estos "comportamientos mafiosos" en Canarias y anunció que abordará con Javier Arenas, el secretario general del PP, este asunto en una comisión de seguimiento de sus pactos.
