De España afirma que la sentencia al alcalde de Callosa es desproporcionada
El presidente del PP de Alicante, Julio de España, tachó ayer de "desproporcionado" el fallo de la Audiencia que condena a José Franco Martínez, alcalde popular de Callosa de Segura (La Vega Baja) por un delito de prevaricación continuada. El dirigente provincial expresó su sorpresa por la "magnitud" de la condena -seis años y un día de inhabilitación especial- y resaltó que el presidente de la sección de la Audiencia que juzgó al regidor emitió un voto particular contrario a la condena. No obstante, aseguró que la permanente provincial del PP "estudiará" con detenimiento el fallo judicial para "adoptar una decisión al respecto". Franco, que desea repetir en la cabeza del cartel electoral del PP de Callosa, ha recurrido el fallo. Para la presidencia provincial del PP, hay que tener en cuenta que el alcalde de Callosa no obtuvo beneficio alguno con el pago ilícito de las facturas a proveedores del Ayuntamiento. Según de España, José Franco se limitó a saldar una deuda de "algo más de un millón de pesetas" que el Consistorio tenía contraída con varias empresas. Que lo condenen por ello a seis años de inhabilitación para ejercer cargo público es "desproporcionado", insistió el presidente, quien a pesar de ello mostró "respeto" a la decisión judicial. El portavoz socialista en la Diputación y vicesecretario del PSPV, Antonio Mira Perceval, que ha exigido la dimisión del alcalde de Callosa, dijo ayer que todos los cargos públicos que han sido condenados en primera instancia en la provincia "siempre han presentado la dimisión". Si no lo hace el alcalde de Callosa "crearía un precedente en Alicante", dijo. José Franco ha sido inhabilitado por ordenar, en mayo de 1995, el pago de 11 facturas a proveedores del Ayuntamiento a sabiendas de que estaba actuando ilícitamente, ya que la interventora municipal le advirtió de ello. El caso ha derivado en otro proceso judicial contra el alcalde. Un juzgado de Orihuela instruye diligencias contra Franco por intimidar y coaccionar supuestamente a la tesorera del Ayuntamiento, María Dolores Ramón, quien participó como testigo en la vista oral celebrada en la Audiencia el pasado día 11.
