El Gobierno "aísla" al juez y a la Audiencia

José Miguel Insulza, el canciller chileno, se abrochó el abrigo espigado estilo inglés, cogió el sombrero hongo color gris y se lo calzó antes de subir al coche del embajador de Chile en Madrid y partir, hacia las doce y media de la mañana de ayer, a su apretado programa de entrevistas. El ministro tenía previsto visitar, entre otros, a su colega Abel Matutes, al vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Luis López Guerra, en sustitución de Javier Delgado, internado para ser operado, y más tarde visitar a José María Aznar en La Moncloa. La tarde del lunes visitó a Eduardo Serra, ministro de Defensa. "Me agradeció que no hablásemos de la compra de submarinos. No es mi tema". Insulza admitió, ante un grupo de periodistas, en la residencia del embajador chileno, que hablaron de Pinochet y de la posición del Gobierno de Chile en esta crisis.Si en Londres Insulza atacó la "politización" del proceso judicial que impulsa el juez Baltasar Garzón y la justicia española, con el planteamiento de que no habrá un juicio justo en España, en Madrid buscó otro objetivo. La idea era retornar a Santiago con un triunfo entre las manos: esta historia de Pinochet es cosa de un juez, es una pasión que no comparten ni el Gobierno ni otras instituciones del Estado. En otros términos, se trataba de arraigar la idea de un juez y una Audiencia Nacional aparentemente aislados.

El canciller fue dirigente del MAPU en los años setenta, una escisión de la Democracia Cristiana. Con el golpe de 1973, marchó al exilio y luego retornó a su país, afiliándose al Partido Socialista. Su conducta en relación al caso Pinochet, a favor de la inmunidad, le llevó a un fuerte enfrentamiento con Camilo Escalona Medina, secretario general de los socialistas, el pasado 9 de noviembre en el comité central del partido, quien le pidió que abandonara sus funciones.

"El canciller", escribió Escalona, "señala que dejar sus funciones sería muy negativo para la afirmación de la capacidad de gobierno de los socialistas. De lo que se trata no es de gobernar a cualquier costo. No podemos llegar al extremo de que una mal entendida razón de Estado nos transforme en una especie de capataces de cuello y corbata de intereses ajenos".

La actitud del Gobierno de Aznar ha sido hábilmente explotada por Insulza. En Londres, ante un Gobierno laborista, el canciller vendió la promesa de que si regresa a casa, Pinochet podría ser juzgado. En España eso no fue ni siquiera necesario. Porque tanto Aznar como Matutes le han tratado casi pidiendo perdón por las molestias creadas. Con todo, la guinda la puso el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Luis López Guerra, quien también le ha recibido. En ciertos círculos jurídicos este encuentro no se termina de comprender, habida cuenta de la actitud del ministro del Interior británico, Jack Straw, quien no ha recibido a ninguna de las partes en liza. En el caso español, nada que objetar a la presentación de un escrito. Pero una visita es otra cosa.

Insulza, en su amable reunión con periodistas, dijo ayer que el juez Juan Guzmán estudia, en Santiago de Chile, 14 denuncias contra Pinochet. "Será el juez quien lo declare reo [imputado o acusado] cuando lo estime conveniente. Y en ese caso, si así lo decide, y si la situación actual de Pinochet no se resuelve, tendrá que plantear la extradición", explicó el canciller. "En ese caso seguramente tendría prioridad esa petición ante las demás", dijo.

Sin embargo, el canciller admite que no pocos obstáculos para llegar a esa situación deberían superarse. Un problema es la justicia militar, que reclamaría su jurisdicción; otro, la ley de amnistía de 1978. Por último, conseguir la autorización del Tribunal de Apelaciones para juzgarle, ya que Pinochet, como senador, es aforado.

El canciller regresó anoche a casa colmado por la exhibición de tanta solidaridad gubernamental española.