El juez supervisará la investigación de las irregularidades en la CEV
El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, el encargado de investigar las supuestas irregularidades cometidas por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en el uso de los fondos de formación, deberá supervisar las pesquisas iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción en torno a la gestión de José María Jiménez de Laiglesia y Luis Espinosa, ex presidente y ex secretario general, respectivamente, de la patronal. Actualmente, se siguen hasta tres procedimientos legales en relación con dicha causa.
El reparto de competencias establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Críminal confiere a los jueces de instrucción la dirección de los procesos de investigación de carácter penal, por lo que el titular de esa instancia deberá coordinar y dirigir las diligencias iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción, uno de los tres procedimientos legales abiertos para esclarecer si la cúpula de la patronal valenciana utilizó de manera ilegal, entre 1993 y 1995, los fondos de formación que recibió del gobierno central y la Generalitat. El Juzgado de Instrucción número 9 es el responsable de la investigación sobre esas supuestas ilegalidades después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana le trasladara -el pasado 28 de agosto, tras el habitual y aleatorio reparto de casos- sus indagaciones sobre el asunto. El magistrado aún no ha tomado ninguna iniciativa al respecto, a la espera de que otros dos juzgados de instrucción, los números 6 y 15, le remitan toda la documentación que obra en su poder en relación con la CEV. Los titulares de ambos juzgados investigaron (para finalmente archivar) las denuncias trasladadas por la fiscalía en relación con las partidas del presupuesto público que financió la Fundación para la Formación Continua (Forcem). El expediente remitido por el juzgado número 15 ya está en poder del juez. El del número 6, deberá ser ampliado al estar incompleto, según apuntaron fuentes cercanas al caso. No obstante, mientras cuestiones burocráticas ralentizan la investigación de los jueces valencianos, dos organismos radicados en Madrid, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción, siguen sus investigaciones sobre la labor de Jiménez de Laiglesia y Espinosa al frente de la patronal valenciana. Precisamente, el departamento de la acusación pública presidido por Carlos Jiménez Villarejo ya ha designado al encargado del caso. La labor de este fiscal, que, con toda probabilidad, trabajará con el apoyo de sus colegas en Valencia, deberá realizarse bajo la supervisión del titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. Éste únicamente se inhibiría del caso si la investigación de la Fiscalía afectara a las diversas organizaciones españolas que pudieron utilizar indebidamente los fondos. En esa tesitura, el magistrado tendría que trasladar el caso a la Audiencia Nacional, la instancia que esclarece delitos cometidos en diferentes provincias españolas. Juicio abierto La confluencia de las pesquisas iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de Valencia no interrumpe el juicio de faltas abierto por el Tribunal de Cuentas. Este proceso, en el que Jiménez de Laiglesia y Espinosa serán defendidos por un letrado, pretende dilucidar si los encausados se apropiaron de dinero público para, en ese caso, reclamar su devolución. Este procedimiento no tiene consecuencias penales. El juicio ha sido precedido de un informe del propio tribunal, que reclama a los antiguos gestores de la CEV la devolución de 191 millones de pesetas.
