La interventora de la Diputación confirma que parte de la deuda de Tomey es ficticia

Un total de 2.904 millones de supuestas deudas pendientes de cobro que aparecen reflejadas en los ejercicios presupuestarios de la Diputación de Guadalajara de 1992 a 1995 han sido dados de baja por Rosario Iglesias Cabrera, la nueva interventora del organismo provincial, porque no cumplen los requisitos exigidos por la Intervención General del Estado. La cifra es parte de los más de 3.500 millones de deuda supuestamente incorporada de modo ficticio a las cuentas de la Diputación por el que fuera su presidente, el senador del PP Francisco Tomey, investigado por el Supremo por presunta falsedad en documento oficial.

La nueva interventora de la Diputación sustituye a José Villalgordo, imputado junto a Tomey y fallecido este año. Rosario Iglesias asegura ahora que al analizar los libros se han detectado "errores en los criterios seguidos para el reconocimiento de ingresos y gastos". La Fiscalía de Guadalajara denunció hace un año que estas deudas eran "inexistentes o ficticias".Los 2.904.657.343 pesetas pendientes de cobro anulados por Iglesias, en un expediente fechado el pasado día 5, corresponden a 114 partidas. Entre ellas destaca la de 1.012 millones de Tributos del Estado que ya habían sido percibidos.

La deuda depurada, sumada a otros 870 millones del presupuesto de 1991 dados de baja por el anterior interventor, suman 3.774 millones de supuestas deudas contabilizadas año tras año como futuros ingresos que nunca se cobraban.

La iniciativa de Iglesias responde a un decreto aprobado por Tomey en el que éste reconoce la necesidad de dar de baja derechos y obligaciones de presupuestos cerrados. Tras el expediente de la Intervención, Juan Antonio de las Heras, diputado del PP y responsable de Economía y Hacienda, emitió al día siguiente un informe recomendando la anulación de estas deudas. Ello se aprobará previsiblemente en un pleno convocado para el próximo viernes.

Proseguirá la investigación

Fuentes jurídicas indican que la anulación de estos 2.904 millones no paralizará la investigación judicial que instruye Adolfo Prego, magistrado del Tribunal Supremo, ante el que declaró Tomey en julio. El senador manifestó entonces a la prensa que no existía ningún déficit en la Diputación y que las cuentas contaron con el visto bueno de los técnicos.Paralelamente, desde la pasada primavera, el Tribunal de Cuentas lleva a cabo una fiscalización especial de la corporación. Un equipo de auditores ha examinado los libros en busca de los más de 3.500 millones de deudas incorporados de manera supuestamente ficticia a los presupuestos de 1991 a 1996.

El expediente de la interventora confirma en algunos aspectos el decreto que firmó el pasado 28 de enero María Ángeles García, la fiscal jefe de Guadalajara. En el mismo se señalaba que en la Diputación "se ha ocultado mediante apuntes contables mendaces un déficit de más de 3.000 millones de pesetas y se han concertado operaciones de Tesorería por importe de más de 7.000 millones sin contar los correspondientes intereses".

La fiscal afirmaba en sus diligencias que "es indudable que es de imposible cobro lo que no se debe, y que nada se debe ni debió queda meridianamente claro en el informe del interventor, evacuado el 10 de diciembre de 1997, en el que se dice que la justificación y motivos de la anulación de derechos de varios conceptos presupuestarios de ejercicios cerrados obedece a derechos contraídos de más por error". Para García, estas deudas ficticias fueron una "alteración pertinaz y no un error contable". Asimismo, destacaba que algunas de las partidas ya habían sido cobradas.

El caso Tomey tiene su origen en una denuncia presentada el 13 de junio de 1997 por Jesús Alique, diputado y portavoz socialista, quien mantiene que las deudas contempladas en los presupuestos eran falsas y que la Diputación no le facilitaba relación nominal de cada uno de los deudores ni el concepto de las mismas.