Villalobos obtiene 1.300 millones para pagar las nóminas de los funcionarios
La alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, consiguió ayer gracias al voto de los dos concejales del grupo mixto el crédito de 1.300 millones de pesetas necesarios para pagar las nóminas de diciembre y la extra de Navidad a los funcionarios. Pero no pudo respirar tranquila, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha suspendido cautelarmente el convenio colectivo. Ante esta situación el Consistorio ha decidido suspender las horas extra y todos los pagos de mejoras sociales.
La Subdelegación del Gobierno en Málaga recurrió el convenio por entender que vulneraba la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que estipulaba un incremento salarial para los funcionarios del 2,1%. Y lo hizo por una vía urgente para que el tribunal resolviera cautelarmente en breve plazo, ya que el convenio tiene dos años de aplicación. De hecho, los trabajadores ya han cobrado las dos pagas extra por asistencia al trabajo introducidas este año en el convenio como incentivo contra el absentismo laboral. La polémica, por tanto, se agranda. Al error de cálculo de los técnicos municipales que evaluaron el impacto de las mejoras del convenio en 700 millones, cuando finalmente son 1.700 millones, se suma ahora la sentencia del TSJA, que ha provocado irritación entre los trabajadores. El concejal de Hacienda, Gonzalo Gutiérrez de Pablo, advirtió ayer de que el Consistorio "hará lo posible" para que en caso de que la sentencia definitiva sea contraria al Ayuntamiento, los funcionarios no se vean obligados a devolver el dinero ya cobrado. Eso sí, el edil anunció que a partir de ayer quedaban suspendidas todas las horas extra y mejoras sociales porque el Ayuntamiento tiene "la obligación de dar cumplimiento a la resolución judicial". Ahora queda en el aire el cobro de las dos pagas por asistencia previstas para el próximo año, ya que el convenio tiene vigencia bianual. La oposición atacó ayer con dureza la imprevisión del gobierno municipal, que se ha visto obligado a realizar modificaciones de créditos para afrontar los pagos previstos en el convenio. Entretanto, el sindicato Unión de Policía Local y Bomberos lamentó que no hubiera sido informado de la interposición del recurso por parte de la Subdelegación del Gobierno como parte interesada. Esta central, para la que el convenio colectivo está ajustado a derecho, aseveró que con la decisión del TSJA se retorna a la situación salarial de hace cuatro años porque en los dos últimos ejercicios hubo congelación salarial.
