El plan general de Alcalà de Xivert viola la declaración de impacto ambiental
Un amplio territorio litoral de Alcalà de Xivert, al sur de la pedanía de Cap i Corp y enmarcado entre el río Les Coves (también llamado San Miquel) y el barranco de L"Estopet ha sido declarado como suelo no urbanizable pese a que los mapas de inundabilidad de la Comunidad Valenciana califican estas cuencas de riesgo alto. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de este municipio del Baix Maestrat, en vigor desde el pasado 1 de septiembre, vulnera así, claramente, la Declaración de Impacto Ambiental elaborada por la Dirección General de Desarrollo Sostenible de la Consejería de Medio Ambiente que especifica que "las unidades ambientales AM1 y AM2 [zona ahora recalificada] deberán ser clasificadas como suelo no urbanizable, preservándolo de la actividad urbanística, al objeto de evitar daños derivados de inundaciones que se puedan ocasionar por precipitaciones extraordinarias". Acció Ecologista Agró acaba de solicitar a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (COPUT) que revoque el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón que aprobó el plan. La violación de la declaración de impacto radica, según explica Víctor Navarro, de Agró, en que el municipio podría recalificar el suelo sólo si se hubiera encauzado el río San Miquel y el barranco de L"Estopet. En un principio, Alcalá no podría cambiar la condición de este suelo, uno de los escasos puntos del litoral castellonense sin urbanizar, ni con esa condición necesaria, ya que la declaración de Medio Ambiente lo prohibía taxativamente. Sin embargo, el consistorio solicitó un informe a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para delimitar aún más la zona de riesgo de inundación. El órgano de cuenca emitió en mayo pasado un estudio en el que se dice que "en los tramos finales del río San Miquel y del barranco de L"Estopet son inundables, de acuerdo con la definición adoptada en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico". Pese a ello, la CHJ "se lavó las manos", en palabras de Navarro, y dejó una vía libre para la urbanización. Así, puntualizó que "de forma previa o simultánea a su consideración como suelo urbanizable" sería necesario el encauzamiento de los dos barrancos. "Previa o simultánea" Basándose en este informe, Medio Ambiente dictó una resolución el 29 de junio pasado por la que admite en la declaración de impacto lo que determina el informe de la Confederación. Es decir, da por buena la recalificación siempre que de forma "previa o simultáneo " se encaucen los ríos. Condición necesaria que no se ha cumplido puesto que la Comisión Territorial de Castellón ya ha aprobado el plan. Para Agró, hasta la resolución de Medio Ambiente incumple la ley de Impacto Ambiental, cuyo reglamento marca unos estrictos requisitos y plazos ("ampliamente superados") para aceptar una modificación a una delcaración. Víctor Navarro no se explica el método por "el que el director general de Desarrollo Sostenible ha cambiado su declaración de impacto". Agró ha solicitado a la COPUT que declare la zona afectada como suelo no urbanizable y que además sea, tal y como especifica la declaración de impacto, de especial protección agrícola, dada la tradicional vocación agraria de los terrenos. Así lo desea Franciso Vázquez, de la asociación de vecinos de Cap i Corp, que asegura que la mayoría de los propietarios de las tierras, en las que predomina el cultivo de los tomates, se niega a la recalificación del suelo. Vázquez también denuncia que los vecinos llevan años recibiendo presiones para que vendan unas tierras especialmente golosas para la especulación urbanística.
