Un juez estudia de nuevo las irregularidades en la CEV tras detectar indicios de delito
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha solicitado a uno de sus colegas toda la información en su poder sobre las supuestas irregularidades cometidas por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), entre 1993 y 1995, en el uso de los fondos de formación. El magistrado, después de estudiar el último informe sobre el caso remitido por la Fiscalía, ha detectado indicios de delito en la labor de José María Jiménez de Laiglesia, ex presidente de la patronal, y Luis Espinosa, antiguo secretario general, durante su última etapa en la entidad. El juez ha solicitado al responsable del Juzgado de Instrucción número 15, el primero en investigar el caso, el expediente de la causa, ya archivada.
La decisión del juez que, de momento, es competente para estudiar la causa, tiene un sólo objetivo: dilucidar si el expediente remitido el pasado 28 de agosto a los juzgados por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana -basado en el último informe de la inspección de trabajo- está relacionado con las denuncias anteriormente presentadas en torno a las supuestas irregularidades cometidas por la CEV. En caso afirmativo, la causa sería devuelta al Juzgado de Instrucción número de 15 de Valencia. Según fuentes cercanas al caso, el titular de esta instancia, Vicente Ríos, archivó una denuncia relacionada con el reparto de los fondos de formación después de derivar a otro juzgado el primer expediente remitido por la Fiscalía. En cualquier caso, fue el primer magistrado responsable del caso, y las normas son claras en ese punto. Un juez, habitualmente, no puede intentar determinar la existencia de un delito que fue objeto de investigación por parte de otro juzgado. Según las fuentes mencionadas, la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia implica que el magistrado ha detectado indicios de delito en la gestión de Jiménez de Laiglesia y Espinosa al frente de la patronal valenciana. En caso contrario, el instructor de la causa hubiera optado por sobreseer el caso. No obstante, el último informe remitido por la Fiscalía a los juzgados -basado en un estudio de año y medio de duración realizado por dos miembros de la Inspección de Trabajo- ha añadido nuevos datos al expediente. Del mismo modo, las conclusiones del Tribunal de Cuentas serán puestas en conocimiento de la Fiscalía del TSJ en pocos días. El informe de esta entidad, un organismo fiscalizador radicado en Madrid, es contundente. Denuncia "la existencia de un presunto hecho delictivo" en las actividades de la patronal, que gestionó de manera "negligente" 191 millones de pesetas facilitados por el Estado a la CEV. Según el tribunal, la patronal hinchó algunos gastos, cobró cursos que no se realizaron o intentó justificar un mismo desembolso con facturas duplicadas o incluso cuadruplicadas. Toda esta información será remitida por la acusación pública al magistrado que finalmente resulte competente para investigar la causa. En principio, el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia o el número 15. El titular de esta última instancia archivó una denuncia relacionada con la causa, al entender -con la anuencia del fiscal- que no existía delito de falsificación de documento en la denuncia presentada contra una academia de enseñanza supuestamente beneficiada con fondos de formación. Nueva investigación En cualquier caso, la última iniciativa judicial en relación con el escándalo que salpicó a la patronal valenciana a lo largo de 1996 puede reactivar una investigación ya no paralizada, sino encallada en vía muerta, archivada. De hecho, el auto de sobreseimiento dictado por Vicente Ríos vino a imitar la decisión tomada por Teresa Serra, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia. La magistrada decretó, en febrero de este año, el archivo de parte de las diligencias abiertas por las supuestas irregularidades en la CEV. En este caso, la investigación fue finiquitada -también, con el visto bueno de la acusación pública- porque el delito de falsificación de documento denunciado había prescrito. Ahora, el tema, probablemente, volverá a ser investigado. Los nuevos datos aportados por la Inspección de Trabajo y remitidos a la Fiscalía por la Dirección General de Formación Profesional e Inserción Laboral refuerzan las sospechas sobre supuestas irregularidades en la CEV. Esta información ya obra en poder de un juez y será completada, en breve, con las contundentes denuncias del Tribunal de Cuentas.
