La juez acusa de corrupción al ex alcalde de Real de Montroi y a SAV
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Picassent ha imputado sendos delitos de corrupción y tráfico de influencias al consejero delegado de Sociedad Agricultores de la Vega (SAV), Ricardo Martínez, y al ex alcalde de Real de Montroi, el socialista Francisco López. La magistrada ha tomado esa decisión a la vista de los documentos municipales que probarían que SAV, una empresa dedicada a los trabajos de jardinería y a la recogida y eliminación de basuras, costeó la instalación del aire acondicionado del que disfruta el ex alcalde en su domicilio. Presumiblemente, ésta y otras inversiones de la firma en Real de Montroi se habrían realizado para garantizar la continuidad de la explotación del vertedero allí ubicado. La investigación que ha comportado las imputaciones de la juez nació con la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de esa localidad de La Ribera en marzo de 1997. Un tormentoso proceso político -dos concejales socialistas impulsaron, con el apoyo del PP y UV, la moción de censura que derrocó a López- propició el cierre del vertedero de Real de Montroi. Mientras, el consistorio denunció a la concesionaria de la planta de residuos por sobreexplotarlo al superar su capacidad máxima. Posteriormente, un electricista giró recibos por valor de ocho millones al Ayuntamiento. Ningún miembro del consistorio, secretario incluído, había encargado los trabajos de alumbrado que el profesional quería cobrar. Éste explicó que el anterior alcalde se los había encomendado con la promesa de que SAV pagaría las facturas. Después, la factura inicial fue completada por otra. En este caso, SAV financió la instalación del aire acondicionado en una parte del Ayuntamiento y, de manera sorprendente, en la vivienda particular del alcalde. Inmediatamente, las autoridades municipales pusieron los hechos en conocimiento del juzgado. Sobreexplotación Esas son algunas de las afirmaciones del abogado del Consistorio. Según José Doménech, los recibos girados al Ayuntamiento iban a ser asumidos por SAV en concepto de donaciones al municipio. Una más de las fórmulas que la empresa pudo utilizar para prorrogar el uso de la planta de residuos pese a que ya estaba saturada. Doménech no limita sus acusaciones contra la empresa y López a sendos delitos de corrupción y tráfico de influencias, sino que defiende que la concesionaria del vertedero "pudo incurrir en fraude fiscal al deducir como gastos propios las donaciones a terceros". El consejero delegado de SAV no contestó ayer las llamadas de este periódico. López no estaba localizable. El vertedero de Real de Montroi fue clausurado por el Ayuntamiento el 13 de marzo de 1997. Según las autoridades municipales, SAV vertió allí 100.000 metros cúbicos de residuos más de los permitidos. La empresa denunció esa decisión ante el Tribunal Superior de Justicia.
