La Caja de Alcoy intenta cobrar 700 millones a los morosos
Los afectados por la quiebra de la Caja de Crédito de Alcoy esperan ver aumentada la cifra de sus depósitos recuperados, que les fueron congelados en julio de 1993 cuando se decretó la suspensión de pagos de la entidad. El abogado que representa a este colectivo, Moisés Vicens, ha anunciado que la próxima semana comenzará a gestionarse el pago de la deuda de los clientes morosos de la caja de crédito. Así, se iniciará el requerimientos a los 320 deudores de la entidad. El letrado de los afectados estima que con este proceso de liquidación y recuperación del activo de la caja para cubrir el pasivo de la entidad podrían llegar a obtenerse, si se cobran las deudas con intereses incluidos, hasta 700 millones de pesetas. Esta cantidad se destinará a los acreedores y se sumará a la concedida por el Instituto Valenciano de Finanzas que se hizo cargo del 50% de los depósitos de los afectados. Las facilidades para la obtención de créditos y las pocas expectativas de cobro contribuyeron a la situación de quiebra de la entidad. Ésto y la "mala gestión" de los directivos fueron el principal argumento que utilizó la juez instructora, titular del Juzgado de Instrucción número dos de Alcoy, para calificar como fraudulenta la quiebra de la Caja de Crédito de Alcoy en una sentencia difundida el pasado 30 de julio. Esta resolución, que abría la puerta a acciones penales contra los gestores de la caja, está pendiente de ser ratificada por la Audiencia de Alicante. Recurso El colectivo de acreedores (cerca de 1.500 personas) ha avanzado que se opondrá al recurso de apelación de los directivos a esta calificación de quiebra fraudulenta y a continuación se personará como acusación particular en el proceso. Moisés Vicens no se muestra preocupado por la posibilidad de que este tribunal no secunde la calificación judicial del juzgado de Alcoy de quiebra fraudulenta. Explica que la reforma del Código Penal no establece como requisito la declaración firme de quiebra fraudulenta para perseguir penalmente a sus causantes.
