35 horas

El empeño de la Junta de Andalucía en la aplicación de la jornada laboral de 35 horas ha puesto en el centro del debate económico andaluz la cuestión del reparto del trabajo. Tres son las posturas que se plantean. Por una parte, la posición de los empresarios, contraria a la implantación de la medida, en función a que la misma va a suponer un encarecimiento del coste laboral real y en consecuencia una pérdida de competitividad que no sólo no va a incrementar el empleo, sino que incluso puede producir un aumento del paro. Por otra parte, la de la izquierda más radical, abanderada por IU, que insiste en que las 35 horas se han de imponer por ley, como una forma más de intervención pública en la economía. Y finalmente la de la Junta, en gran medida coincidente con la de los sindicatos, que aboga por su implantación consensuada, mediante la negociación colectiva y la implantación de incentivos que reduzcan el impacto del incremento de costes para los empresarios para reducir los posibles efectos negativos antes citados. De las tres, es la última la que tiene más visos de realismo y factibilidad. La jornada de 35 horas no se puede implantar sin más, como pretende IU, pues produciría lo que los economistas denominamos un schock de oferta, que se traduciría en una reducción de la producción y el empleo y un incremento de los precios. Por su parte, la postura de los empresarios es una postura dogmática del liberalismo, propia de una concepción estática de la economía liberal en la que ni se tienen en cuenta las ganancias de productividad, ni las posibilidades que otorgan los pactos de rentas internas de cada empresa. De hecho, la realidad pone de manifiesto que son muchas las empresas donde ya se trabaja por debajo de las 40 horas, fruto de la negociación colectiva. En consecuencia, el camino comenzado por sindicatos y Junta no sólo es posible sino que además es muy probable que tenga efectos positivos sobre el empleo. Eso sí, en su aplicación en la Administración pública se ha de ser prudente, pues se haría necesaria una evaluación previa de la productividad y la definición de unos estándares de incremento de la misma que soporten la reducción de jornada y el aumento de la contratación.