El Plan Gerontológico no aporta ni una peseta más, según el PSPV
Las personas mayores de la Comunidad Valenciana no recibirán ni una peseta más con el Plan Gerontológico de la Generalitat, según denuncia el PSPV. La diputada socialista Lourdes Alonso aseguró ayer que es una "trampa con fines electorales" porque los 30.000 millones prometidos por el presidente Eduardo Zaplana hasta el 2003 son "los mismos 5.000 millones anuales que ya se venían destinando a la tercera edad". El PP replica que el plan "mejorará la calidad de vida de los ancianos".
Tras revisar las cuentas del Gobierno valenciano, los socialistas han llegado a la conclusión de que "no hay más dinero disponible" y que los 30.000 millones de los que habla Zaplana son los mismos que ya están recibiendo las personas mayores: las bonoresidencias (subvenciones para que ancianos con escasos recursos ingresen en residencias privadas), los salarios para las amas de casa que cuidan a personas mayores de la familia, las transferencias a los ayuntamientos para los programas de la tercera edad, los gastos de mantenimiento de las residencias públicas y las pensiones asistenciales. La suma de estas partidas ofrece una cantidad cercana a los 5.000 millones de pesetas anuales, según el primer partido de la oposición. "Multiplíquenlo por seis años y tendrán el Plan Gerontológico de Zaplana", criticó Nuria Espí, diputada provincial por Valencia y responsable de Servicios Sociales del PSPV. "Por eso", ahondó, "en su encuentro del jueves con las personas mayores de Alfafar, Zaplana se limitó a hacer un mitin sin exponer los pormenores del plan". Alonso dijo que "en vez de usar a los ancianos con fines electorales", el PP debía preocuparse de mejorar la "precaria" asistencia que reciben las personas mayores. Y realizó un inventario de la situación actual: "Hay centenares de personas mayores en listas de espera para recibir las bonoresidencias, amas de casa que cumplían los requisitos se han quedado sin su salario porque no alcanzaba el presupuesto y la Dirección General de Familia y Adopciones [de la que dependen la Prestación Económica Reglada (PER)] y el salario de amas de casa tiene uno de los niveles más bajos de ejecución presupuestaria, con un 2,9%". Por este "caos y mala gestión", Alonso y Espí exigen el cese de la consejera de Bienestar Social, Marcela Miró. "Zaplana no la destituye porque quedan unos meses para las elecciones", lamentan, e ironizan sobre las injerencias del presidente en la consejería y en el nombramiento de un concejal de Mercados [José Luis Juan] como responsable del Plan Gerontológico. A la secretaria del Grupo Popular en las Cortes, Susana Camarero, estas críticas le parecen "una falta de seriedad", según Efe. Camarero acusa al PSPV de "frivolizar con este tema" y de "haber aparcado a los ancianos en residencias" durante su mandato
