El control de la inflación, de virtud a necesidad
Con la incorporación a la unión económica y monetaria (UEM), un buen número de analistas considera que la aparición de un diferencial de inflación es una de las principales amenazas para el aprovechamiento de las oportunidades que brinda la moneda única. Un mayor crecimiento de los precios internos implica una pérdida de competitividad que, ante la imposibilidad material de compensarla con una modificación del tipo de cambio, repercutiría negativamente sobre la actividad y el empleo.No obstante, más allá del corto plazo y de situaciones estrictamente coyunturales, es poco probable que puedan darse diferenciales de inflación significativos y/o persistentes entre los países que integren la unión monetaria. Dicho de otra manera, como ya sucede entre las regiones de un mismo país, las tasas de inflación tenderán a igualarse, sin que ello sea una garantía, como los datos ponen claramente de manifiesto, del mantenimiento de las posiciones competitivas, de la capacidad de crecimiento o de creación de empleo.
¿Por qué será difícil que puedan producirse diferenciales de inflación entre los distintos países miembros de la unión monetaria? Hay dos grandes tipos de razones: el mayor protagonismo que adquiere la ley del precio único y las derivadas de la adopción de una política monetaria común dentro de la zona
La ley del precio único
La ley del precio único, a semejanza del principio de los vasos comunicantes, establece que, en mercados abiertos, transparentes y eficientes, los precios de los bienes y servicios comerciables de idéntico contenido deben ser iguales.Actualmente, nuestra economía tiene una estructura productiva muy similar a la de los socios comunitarios, un fuerte grado de apertura exterior y una proporción cada vez mayor de bienes y servicios sujetos a la competencia internacional.
Si a ello se añade la plena movilidad de mercancías y factores de producción, la ausencia de riesgo de cambio, unos precios expresados en la misma unidad de cuenta, una política monetaria y unos tipos de interés comunes, etcétera, los precios finales tenderán a converger, puesto que el arbitraje impedirá que productos o servicios equivalentes puedan pretender precios distintos. La suma de una moneda única a un mercado único favorecerá la igualación de los niveles de precios y, por tanto, de las tasas de inflación.
Así, un deterioro de los costes unitarios relativos -principalmente los laborales- difícilmente podrá trasladarse de un modo permanente al precio final, puesto que, en dicho caso, la demanda se desplazaría hacia las alternativas más atractivas existentes en el mercado.
No obstante, este aumento de los costes relativos, aun sin reflejarse en los precios de venta, tendrá un efecto importante, ya que comprimirá los márgenes y la rentabilidad de la empresa, del sector o de la economía que los sufra, llevándolos a una situación difícilmente sostenible con la producción y el empleo negativamente afectados.
Tampoco parece probable que una mayor presión de la demanda final en un país determinado, por las razones que fuere, derive en un incremento sostenido de los precios internos, ya que, en buena medida, tenderá a satisfacerse con importaciones procedentes de otras zonas con capacidad de oferta disponible. Esta compensación de la actividad entre distintos países y regiones favorecerá a su vez una mayor sincronía de los ciclos dentro de la zona, atenuará los riesgos de un recalentamiento en las regiones con mayor presión de la demanda y diluirá los efectos inflacionistas en el conjunto de la zona.
El principal peligro viene por el lado de una elevación de los precios de los bienes no comerciales -principalmente los de determinados servicios-, lo que, directa o indirectamente, podría contaminar los costes de los que están sometidos a la competencia internacional. No obstante, por las mismas razones anteriormente expuestas, dicho aumento difícilmente podrá repercutirse en los precios finales, por lo que, de nuevo, el ajuste llevará a una compresión de los márgenes y a una contracción de la actividad y del empleo.
Finalmente, la inflación importada -como consecuencia, por ejemplo, de una subida de los precios de las materias primas- afectará de un modo relativamente homogéneo a los distintos países del área y a buen seguro no dará lugar a diferenciales de inflación significativos.
Además, en el caso de que tal aumento afectase de un modo muy especial a una determinada región, el ajuste se encaminará más por una modificación de los precios relativos internos y una reasignación de los recursos que por una elevación del nivel general de precios.
Las exigencias de una política monetaria común
En una óptica de más largo plazo, hay otro argumento de peso que apunta hacia una mayor convergencia de las tasas de inflación entre los países de la unión monetaria. En efecto, muchos fenómenos pueden producir fluctuaciones pasajeras del nivel de precios, pero, en la medida en que la inflación es un fenómeno esencialmente monetario asociado al crecimiento de la cantidad de dinero en circulación, la aplicación de una política monetaria común, con un grado de liquidez y unos tipos de interés equivalentes, no deja prácticamente espacio a una diferenciación de las tasas de inflación entre los distintos países integrados en el euro.De nuevo, el símil geográfico es ilustrativo, ya que no solamente entre las regiones de un mismo país, sino también entre economías con distintas divisas pero bajo una unión monetaria de facto -como podría ser la zona marco integrada por Alemania, el Benelux y Austria-, se observa una evolución muy similar de las tasas de inflación, sin que ello sea tampoco una garantía de convergencia real.
Las claves del éxito: flexibilidad e innovación
De los razonamientos anteriores se desprende que, en el marco de la unión monetaria, las tasas de inflación difícilmente podrán divergir de un modo significativo o persistente. La evolución de los costes unitarios relativos, el mayor o menor grado de flexibilidad de los mercados, la capacidad innovadora de las empresas, etcétera, adquieren, en contrapartida, todo su peso como factores determinantes de la capacidad competitiva y de crecimiento de una economía: el control de la inflación deja de ser una virtud para convertirse en un imperativo.En este nuevo entorno, la responsabilidad fundamental del Gobierno es la de asegurar un marco general propicio al desarrollo de la actividad empresarial, que abarca desde la consolidación presupuestaria a través de la racionalización del gasto hasta la profundización y ampliación de las reformas estructurales destinadas a dotar a los mercados de suficiente flexibilidad.
Ante el reto de una fuerte acentuación de la competencia, las empresas deberán identificar sus puntos fuertes y diseñar nuevas estrategias dedicando una particular atención a la inversión, la innovación y a los aspectos cualitativos de sus productos y servicios. Por último, en lo que a los agentes sociales se refiere, la creación de empleo aconseja la adopción de un nuevo modelo más flexible y en el que las retribuciones estén más estrechamente vinculadas a las ganancias de productividad.
Vamos, sin duda, por el buen camino. En el transcurso de los últimos años, la economía española ha abordado con notable éxito un proceso de apertura, estabilización y modernización que ha culminado con nuestra integración en la unión económica y monetaria. No obstante, nos enfrentamos actualmente a un nuevo reto decisivo para consolidar y reforzar esta trayectoria. Ello requiere aunar los esfuerzos y encarar con decisión las reformas que exige un nuevo marco de referencia caracterizado por la acentuación de la competencia, la aceleración del progreso técnico y la mundialización de los mercados.
