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Una juez cita a cuatro diputados de IU por un delito de "okupación"

Cuatro diputados regionales de Izquierda Unida, Mariano Gamo, Carlos Paíno, Luis Miguel Sánchez Seseña y Juan Ramón Sanz, han sido citados a declarar por el juzgado de instrucción número 46 de Madrid, a instancias del fiscal, como presuntos culpables de un delito de okupación.En su misma situación hay otras 600 personas, entre ellos una decena de intelectuales y artistas como Javier Sádaba, Alfonso Sastre, Vicente Molina Foix, Montxo Armendáriz, Andrés Aberasturi, Pilar Bardem, Quintín Cabrera o Juan Genovés. Todos se autoinculparon el pasado verano como okupas en apoyo a los jóvenes que desde abril de 1997 viven y organizan conciertos y talleres en El Laboratorio, un edificio del Ministerio de Economía y Hacienda en Embajadores, 68 (Lavapiés).

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El objetivo último de los cuatro diputados y del resto de los autoinculpados es reclamar que la okupacion deje de estar considerada como delito de usurpación de la vivienda, que el actual Código Penal castiga con multas de tres a seis meses sustituibles por cárcel en caso de impago. Antes de 1996 estas prácticas sólo se sancionaban con el desalojo, sin trascendencia penal. La presencia de los cuatro aforados puede elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

PASA A LA PÁGINA 3

La juez puede verse obligada a interrogar a 604 personas autoinculpadas como "okupas"

VIENE DE LA PÁGINA 1La citación judicial a los parlamentarios parte de la denuncia presentada el pasado verano por el Ministerio de Economía para pedir la expulsión de los okupas del edificio de Embajadores. El juzgado autorizó el desalojo, con el informe favorable del fiscal, pero aún no se ha ejecutado porque los okupas lo han recurrido ante la Audiencia Provincial.

Además de permitir la expulsión de los jóvenes, el juzgado inició diligencias penales contra ellos a instancias del fiscal. Y es ahí donde la juez se ha topado con un grave escollo: al citar a declarar en calidad de imputados a quienes tomaron el edificio de Embajadores se ha topado con que son 604 las personas que se declaran culpables del delito.

Ante la situación kafkiana que supondría tomar declaración a 604 ciudadanos el juzgado ha solicitado al fiscal, en un escrito del 2 de abril, que tome una decisión para resolver el embrollo. Además, ante la condición de aforados de cuatro de los presuntos culpables, el caso debería trasladarse a la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El edificio de Embajadores, 68, con 10.000 metros cuadrados, permaneció vacío más de tres años pero ahora el Ayuntamiento de Madrid quiere derribarlo para ampliar el parque del Casino de la Reina (en un barrio sin zonas verdes) y construir un aparcamiento.

Mariano Gamo, uno de los diputados de IU citados a declarar por la juez, califica a los jóvenes que okupan espacios públicos abandonados como el de Embajadores, de "herederos del espíritu desamortizador de Mendizabal". "Apoyo todo aquello que sea insuflar vida a bienes inmuebles amortizados y, por tanto, muertos", afirma.

"Creo que su actividad no es en absoluto vandálica, intentan autoorganizarse y eso es una escuela de protagonismo social en estos tiempos en que en que parte de la juventud está en el limbo, su alternativa es tan vieja como la comuna hippy o el monacato franciscano", añade este diputado y sacerdote. Gamo matiza que apoya estas iniciativas siempre que se trate de espacios vacíos de titularidad pública, o privada si es un caso flagrante, por ejemplo, un bloque entero de viviendas vacías.

Su compañero de coalición, Carlos Paíno, se declara usuario del inmueble de Embajadores. "Acudo a algunos conciertos", explica. "En IU consideramos que el problema de la falta de viviendas baratas es grave y afecta sobre todo a los jóvenes, cuando hay numerosos inmuebles vacíos", afirma.

"La solución está en fomentar la construcción de pisos sociales y los alquileres económicos, como los de la colonia vallecana San José de cooperativas jóvenes", asegura. "Además habría que hacer un censo de viviendas vacías y así lo planteamos en la Asamblea, pero el PP se negó", añade Paíno.

El abogado de los okupas, Endika Zulueta, destaca que "es la primera vez en la historia reciente de este país en que unos parlamentarios son encausados por okupación, una práctica que no estaba penalizada desde la Dictadura de Primo de Rivera". También resalta algo que considera paradójico: los mismos jóvenes que están acusados en este caso fueron recibidos en febrero por el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, para debatir sobre el futuro del edificio que habitan.

"Al tiempo que se les dota de carácter de interlocutores se les tacha de delincuentes, eso demuestra que ni los propios poderes públicos tienen claro que la okupación de inmuebles en situación de abandono sea delito", concluye el letrado.

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