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Nueve vecinos de Hernani reconocen que golpearon a concejales durante la elección de alcalde

Aurora Intxausti

Nueve vecinos de Hernani (Guipúzcoa) reconocieron ayer ante la juez Carmen Zubimendi que agredieron e insultaron a concejales de ese municipio en junio de 1995, durante la elección como alcalde de José Antonio Rekondo (EA). Los procesados tuvieron que ser conducidos al juzgado por agentes de la Ertzaintza al negarse a acudir voluntariamente a la sala de vistas. El fiscal rebajó a la mitad las penas de prisión que solicitaba inicialmente y pasó de pedir en total cerca de 2,5 millones en multas a 240.000 pesetas. Las defensas se mostraron conformes con esta petición.

El juicio quedó visto para sentencia. Los procesados, siete de ellos bilingües, utilizaron el sistema de traducción de euskera que se emplea habitualmente en los juzgados del País Vasco. Los imputados -Zigor Izaguirre, Juan Miguel Carrasco de Blas, Koldo Bilbao, María Dolores Rueda, Vicente Fernández, Iñaki Etxandi, Imanol Miner, Iñaki Armendariz y Aitziber Errazkin- reconocieron que participaron en los incidentes que se produjeron el 17 de junio de 1995, cuando el tripartito PNV-Eusko Alkartasuna-PSE impidió que Herri Batasuna, el partido más votado en Hernani en las elecciones municipales, consiguiese la alcaldía. Durante los altercados en el salón de plenos, los acusados arrebataron a los ediles las papeletas de voto, lanzaron la urna por los aires hasta hacerla añicos y golpearon y amenazaron a Rekondo y a concejales del PNV y del PSE. Los procesados, que por segunda vez se negaban a comparecer, fueron conducidos al juzgado por la policía vasca. Agentes de la Ertzaintza se trasladaron a Hernani, donde se celebraba una concentración de protesta por el juicio, y detuvieron a los nueve encausados tras cortar con cizallas las cadenas a las que se habían amarrado. Tras reconocer uno a uno los hechos relatados por el fiscal, los encausados quisieron apostillar que el juicio era "político", que los sucesos había que enmarcarlos en ese contexto y que no tenían que haberse visto inmersos en una causa penal. Juan Miguel Carrasco de Blas hizo un discurso, suscrito por sus compañeros de banquillo, en el que recalcó que era juzgado por un sistema político que no acepta. Y que, a pesar de ello, por coherencia política, reconocía que era él quien aparece en las fotos y en los vídeos que le fueron exhibidas. El fiscal, Luis Navajas, modificó la petición inicial de penas y redujo de un año a seis meses la condena que solicitaba para Juan Miguel Carrasco, Koldo Bilbao y María Dolores Rueda como autores de un delito de atentado contra funcionario público. Además, reclamó dos meses de prisión para Zigor Izaguirre, menor de edad cuando se produjeron los hechos. Para los cinco acusados de desórdenes públicos -Vicente Fernández, Aitziber Errazkin, Imanol Miner, Iñaki Etxandi e Iñaki Armendariz- solicitó multas de 48.000 pesetas a cada uno. Las defensas se mostraron conformes con la calificación de los hechos. Rekondo difundió un comunicado en el que se mostró "sorprendido" por la reducción de penas planteada por el fiscal y señaló: "Como agredidos y denunciantes no hemos sido informados de pacto alguno con la defensa".

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Sobre la firma

Aurora Intxausti
Coordina la sección de Cultura de Madrid y escribe en EL PAÍS desde 1985. Cree que es difícil encontrar una ciudad más bonita que San Sebastián.

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