Fiebre celante
De un tiempo a esta parte, se observa en EL PAÍS una cierta disposición a desvelar los entresijos familiares y los orígenes políticos de quienes se muestran poco favorables a su línea editorial o de quienes discrepan claramente de las posiciones fácticas en las que se aventura el holding de PRISA. Así, por ejemplo, sus lectores hemos podido conocer cómo el juez Gómez de Liaño, la fiscal Márquez de Prado y el periodista Jaime Capmany hacen lo que hacen o escriben lo que escriben por sus actuales lazos de afinidad, que se adentran en la tenebrosa noche del franquismo, en la que Capmany dirigía la agencia de prensa de su movimiento único y uno de sus sindicatos verticales; el juez Márquez de Prado era sostén decisivo de su magistratura, y la amplia saga de los Gómez de Liaño buceaba ventajosamente entre sus procelosas aguas jurídico-financieras. Sin ir más lejos, el domingo 5 de abril nos enteramos asimismo de que el juez Navarro -otro que tal- se dedicaba hace 30 años a redactar libros de texto que servían para la formación del espíritu nacional de los jóvenes españoles, obligados a cursar tal disciplina. Así que, formulado el precedente biográfico con tan desorbitado despliegue editorial, el corolario es obvio: el juez Navarro -«uno de los teóricos de la cruzada antifelipista, sector apocalíptico»- queda incapacitado para hablar en el púlpito -Cope- y en el foro; escribir en la prensa o en los libros, juzgar en lo civil o en lo penal y, hasta si se apura, haber pasado por el PSP de Tierno y el PSOE de González, después de haber sido profesor de la Academia de Mandos José Antonio. Como empedernido lector de EL PAÍS desde su nacimiento, no me sorprende la fiebre celante que les conturba, ni la pretensión de erigirse en vestales de la ortodoxia democrática frente a desviacionistas, herejes y conversos. Lo que me admira es su escasa capacidad de profundización en los referentes biográficos y su romo sentido histórico para completar el cuadro genérico de sus «autos de fe». Para la presente ocasión, por ejemplo, sería oportuno precisar que el juez Navarro escribía -en 1969- lo que escribía porque, al llegar Torcuato Fernández Miranda a la secretaría general del movimiento y en línea con lo que constituía su preocupación básica como referente para alcanzar las «previsiones sucesorias» del franquismo, quiso remover los obstáculos internos que taponaban la salida (léase, para mejor documentación, por ejemplo, la historia de la transición editada por EL PAÍS, en 1997). Así, entre otras medidas, encargó a sus delegados nacionales de Cultura y Formación -Adriano Gómez Molina- y de la Juventud -Gabriel Cisneros Laborda- la adaptación de los textos de bachillerato para el futuro de convivencia y libertad que se cernían en el horizonte. Recuerdo perfectamente el marco referencial, porque ambos delegados me incluyeron entre los participantes de aquel seminario encargado de la adaptación, y recuerdo con mucha nitidez los debates en su seno, con el brío dialéctico desplegado por Joaquín Navarro Esteban para llevarnos al huerto ideológico que -ya entonces- le caracterizaba en las coordenadas del pensamiento socialista. Quiero decir con todo ello, que me parece repugnante la sesgada utilización de los argumentos ad hominen para maniqueas informaciones o editoriales como los que viene publicando EL PAÍS, y que no me parece justo, equitativo y saludable practicar por sistema el tan nefasto como arraigado «deporte de convertir las polémicas periodísticas en emboscadas» . Entre otras razones de buena salud democrática y de fidelidad al espíritu de consenso alcanzado por nuestra modélica transición, porque, ampliando el cuadro general de aquella historia, caeríamos en la curiosa coincidencia de que, precisamente ese mismo año -1969- en el que el juez Navarro definía la esfera de actuación de los gobernadores civiles y jefes provinciales del franquismo, un ex ministro socialista (José -Carlos- Barrionuevo Peña) desempeñaba el cargo de jefe de gabinete de la vicesecretaría general del movimiento, órgano en el que recaía la responsabilidad directa de su designación.- . .
