El Tribunal de Castilla-LaMancha destaca la "actitud obstructora" de Tomey
La Diputación Provincial de Guadalajara, que preside el senador popular Francisco Tomey, ha actuado con una "evidente actitud obstructora" en su reiterada negativa a entregar a Jesús Alique, diputado de la oposición socialista, la lista de los supuestos deudores que justifiquen una deuda de 3.500 millones de pesetas en los presupuestos de esa corporación, según señala una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
La sentencia, dictada el pasado día 13, estima el recurso presentado por Jesús Alique ante la Sala de lo Contencioso-administrativo y declara su derecho a conocer la lista individualizada, deudor por deudor, de los acreedores de la Diputación Provincial de Guadalajara hasta diciembre de 1996 o indicación expresa de la imposibilidad de identificarlos. El tribunal, integrado por los magistrados Vicente Rouco, Raquel Iranzo y Jaime Lozano, condena a la Diputación Provincial al pago de las costas. El TSJ de Castilla-La Mancha señala que la corporación Provincial que preside Francisco Tomey "incumplió con su obligación de ofrecer la documentación o información que, estando en su poder, había sido solicitada, o de ofrecer las informaciones o aclaraciones correspondientes sobre la que no lo estuviera".
La Sala estima que el deber de la Administración no se ciñe sólo a mostrar lo que existe en los archivos administrativos "sino también a especificar con claridad por qué lo que no se entrega no puede entregarse".
La resolución añade que era posible obtener la relación individualizada de deudores que pidió Alique a la Diputación Provincial y sin embargo se le negó de forma reiterada, "pese a la insistencia y concreción con que se solicitó".
Incumplimiento del deber
La sentencia asimismo advierte que la información sobre la supuesta deuda remitida finalmente por la Diputación de Guadalajara al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha no impide que se dé por incumplido el deber que esa corporación debió de acatar en su día a requerimiento del diputado socialista. Este tribunal requirió al secretario y al interventor accidental de la Diputación a que acreditaran la deuda de 3.500 millones de pesetas. Éstos lo hicieron de forma parcial y reconocieron que faltan documentos que acrediten la totalidad de la misma. El senador Francisco Tomey está acusado de un presunto delito de falsedad continuada como responsable de la integración ficticia de esa cifra de 3.500 millones de pesetas en las liquidaciones de los presupuestos de los años 1991 a 1996.
El pleno del Senado decidió el pasado martes levantar la inmunidad parlamentaria a Tomey para facilitar la investigación penal, a la que será sometido por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Además de un posible delito de falsedad continuada en documento público se comprobarán también las sospechas de malversación de fondos públicos.
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