Multas millonarias por negar el acceso a los perros de ciegos
Una nueva ley de rango regional velará para que los invidentes puedan acceder con sus perros guía a todos los locales y transportes de uso público, aunque su titularidad sea privada. Impedir la entrada, libre deambulación y permanencia" de estos canes adiestrados en taxis, hoteles, restaurantes, centros sanitarios y educativos, autobuses, trenes o iglesias implicará multas de 50.000 pesetas a dos millones. La gravedad de la sanción será mayor si el veto se produce en un local regentado por las instituciones. Ciento doce invidentes disponen de estos animales en la región.
La nueva norma pretende evitar situaciones que se producen "con cierta frecuencia, aunque cada vez menos'' según Pedro Pablo Martín Lopesinos, director de la Fundación ONCE para el perro guía, encargada de adiestrar a estos animales. Uno de los casos más comunes es el del taxi que pasa de largo cuando le llama un ciego con su perro. Pero también se producen vetos al acceso de los invidentes y sus lazarillos. de cuatro patas en hospitales o restaurantes. El consejero de Presidencia, Jesús Pedroche, dio ayer a conocer el borrador de la futura ley a Martín Lopesinos, que sólo presentó dos alegaciones, ambas aceptadas, al proyecto. En ellas planteaba que el reconocimiento veterinario de estos canes se realice cada seis meses (la Comunidad proponía una revisión anual) y que el libre acceso y permanencia en locales de uso público se extienda no sólo a los perros acompañados por invidentes o adiestradores, sino también a los cachorros cedidos por la fundación a familias voluntarias para que se hagan más sociables.
Antes de su aprobación, la nueva norma debe ser debatida por el Ejecutivo regional en pleno, por los sindicatos, empresarios y consumidores del Consejo Económico y Social (CES) y por la Asamblea de Madrid. Existen ya leyes similares en una docena de comunidades, como Cataluña, Aragón, País Vasco y Castilla-La Mancha, aunque Madrid es la que tiene más perros guía: 112 en total. Otros 73 invidentes están a la espera de que la ONCE les ceda, nunca en propiedad, un can adiestrado. La formación de cada uno de estos animales cuesta unos cinco millones de pesetas.
Las sanciones que aplicará la Comunidad se dividen en leves, graves y muy graves. Las primeras, castigadas con multas de 50.000 pesetas, se impondrán cuando, entre otros casos, al invidente se le exija "de forma irrazonada" la documentación del perro o si el dueño del can incumple sus obligaciones en el cuidado y aseo del animal. Las sanciones graves, con multas de 50.001 a 500.000 pesetas, se impondrán sí, por ejemplo, se cobra por dejar entrar al local o al transporte al perro.
Impedir el acceso, deambulación y permanencia de los ciegos con su perro será falta grave si se comete en locales de uso público y titularidad privada (bares, taxis, restaurantes, locales de espectáculos) y muy grave si el recinto es de titularidad pública. En este caso, la multa va del medio millón a los dos millones de pesetas.
Los perros son ejemplares de las razas labrador, golden o pastor alemán, adiestrados por profesionales de la Fundación ONCE en su centro de Móstoles, el único que existe en España. Todos deben estar acreditados con un distintivo y un certificado oficial. Tienen que estar vacunados contra la rabia y dar resultado negativo en las pruebas de leishmaniosis, leptospirosis, brucelosis y tuberculosis, además de recibir tratamiento contra la equinococosis.
La Asociación Madrileña de Empresarios de Restaurantes y cafeterías (AMERC) valoró ayer de forma positiva la nueva norma y negó que en sus locales se pongan objeciones al acceso de estos animales, según informa EP.
