Un delito económico permitirá perseguir a los torturadores argentinos
El cerco sobre los torturadores de la Escuela Superior Mecánica de la Armada (ESMA) -donde se hizo desaparecer a 4.000 personas- se cierra. Un presunto delito económico es la fisura legal que conducirá de nuevo ante la justicia al almirante retirado Emilio Eduardo Massera y a su jefe de inteligencia, capitán de navío Jorge Eduardo Acosta, alias El Tigre, también en la reserva. El robo de bienes a los detenidos-desaparecidos, el enriquecimiento personal ilícito y la fuga de divisas no están amparados por las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. La Cámara Federal de Buenos Aires decidirá el 5 de febrero qué militares llamará a declarar. La prensa argentina asegura que entre ellos estarán Massera y El Tigre.
La base de esta investigación son los datos suministrados por la procuradora general de Suiza, Carla Ponte, requeridos por el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Según estas informaciones, dos militares de la ESMA, el propio Acosta y el contraalmirante Adolfo Mario Arduino (fallecido hace tres meses) son titulares de una cuenta en la Unión de Bancos Suizos con un saldo de 73.000 dólares (unos 10 millones de pesetas). Este dinero, que no se refiere a los movimientos anteriores al descubrimiento de la cuenta, puede proceder de lbotín robado a los detenidos-desaparecidos, según informa Clarín.
Existe una segunda cuenta de la que son titulares otros cuatro militares aún no identificados. Uno de ellos podría ser Massera. Tanto Garzón como la Cámara Federal de Buenos Aires están a la espera de los datos sobre esa segunda cuenta enviados por valija diplomática por la procuradora general de Suiza. Ésta pide ahora la cooperación de las autoridades argentinas. Tanto Garzón como Carla Ponte reclaman información exhaustiva (número de pasaportes, domicilios, fechas de nacimiento) sobre 100 represores.
El asunto es grave, tanto que el abogado defensor de Massera, Pedro Bianchi, se encuentra desde el lunes en Madrid con la misión de demostrar que su cliente no puede ser juzgado por hechos cubiertos por el indulto presidencial de 1990, según informó ayer Pagina 12. Fuentes judiciales españolas aseguran, en cambio, que la vía económica hallada por Garzón en Suiza es importante, pues permite esquivar las leyes del perdón.
Por otra parte, el presidente de la Federación Universitaria de Argentina, Rafael Veljanovich, entregó ayer a Garzón la lista de los 242 universitarios españoles que fueron secuestrados entre 1976 y 1978. Aportó conversaciones que demuestran la relación entre militares y autoridades docentes.Madrid EL PAÍS
