Romaní, Conde, Escolar y Hachuel se escudan en Liechtenstein para eludir la Operación Carburos
Las defensas de Arturo Romaní, Mario Conde, Jacques Hachuel y de las sociedades de Rafael Pérez Escolar coincidieron ayer en solicitar que el tribunal del caso Banesto no enjuicie la llamada Operación Carburos (presunta apropiación indebida de 18,6 millones de francos suizos o 1.344 millones de pesetas de 1990) hasta que se sustancie el juicio civil instado en Liechtenstein contra la Fundación Levis, que ha declarado tener depositados los fondos. Ese planteamiento y otros sobre prescripciones y vulneración de derechos fueron rechazados por el fiscal Luis López Sanz y las acusaciones.
Las llamadas cuestiones previas se han convertido en un coladero de la estrategia jurídica de cada defensa. Si en la primera sesión del juicio oral la defensa de Mario Conde ya dio alguna pista sobre su próxima orientación política (donaciones) en la operación de retirada de caja de 300 millones, ayer la defensa de Romaní expuso lo que, en principio, quieren los cuatro acusados en la Operación Carburos. Los cuatro están a una: que no se juzgue la operación hasta que se defina el proceso civil instado por Banesto en Liechtenstein. Como acaba de comenzar y este tipo de procedimientos suelen durar unos cinco años, el deseo de los acusados es, en realidad, sortear la operación.Con todo, es un avance de Romaní. El letrado Juan Rofes Mendiolagaray recordó ayer que se ha hecho cargo de la defensa hace mes y medio. No pudo vivir, pues, los momentos estelares de la declaración de Romaní, el 14 de diciembre de 1994. Negó la existencia de un pago de 18,6 millones de francos suizos (1.344 millones de la época) ni de prima alguna que hubiese pagado la multinacional Air Products por un 5,9% de Carburos Metálicos. Cuando el fiscal Florentino Orti le mostró que en el contrato se hablaba de devolver el dinero si no se cumplían las condiciones, Romaní, algo desconcertado, dijo:
- "Habría que preguntar a la persona que se haya quedado con el dinero. Pero yo no soy".
Según explicó, si el contrato hablaba de devolver la prima "puede ser un defecto de redacción, porque no existía esa prima". Ayer, pues, el abogado Rofes hizo honor a una idea: una persona puede meter la pata y provocar un gran daño, pero puede ser genial si sabe cómo sacarle partido. Rofes acusó a Banesto de tener una política "esquizofrénica". Por lo visto, recuperar el dinero que una Fundación de Liechtenstein declara poseer y perseguir penalmente a los acusados son dos cosas incompatibles.
La fórmula del abogado es simple: que lo decidan los magistrados de... Liechtenstein. Sería original si no fuera porque el abogado de Jacques Hachuel ya la utilizó en su día: la prejudicialidad civil. La juez Teresa Palacios rechazó la propuesta. La sección segunda de lo Penal también denegó la prejudicialidad. Ayer, Luis Rodríguez Ramos recordó que fue él quien lo propuso y que apoyaba a Romaní.
Ahora bien, en la fase preliminar del juicio civil de Liechtenstein, un juez apoyó en sentencia el derecho de Banesto a reclamar el dinero porque la opción al 5,9% vendida a Air Products era suyo.
La defensa de Romaní logró el apoyo del abogado Juan Sánchez Calero, abogado de Conde, en el punto de Carburos Metálicos y en los otros. Tampoco Conde sabía el 21 de diciembre de 1994 nada sobre Carburos. El fiscal le preguntó si existieron intermediarios:
-"Es posible, pero lo ignoro".
El abogado Jesús Castrillo, codefensor con José María Stampa de Rafael Pérez Escolar, se reservó el tema para su turno de hoy martes, día 16. Pero Urquiola de Palacio, letrada de las sociedades de Pérez Escolar, prestó su apoyo al aparcamiento de Carburos Metálicos propuesto por Rofes.
Fueron el fiscal López Sanz y el letrado de Banesto, José Antonio Jiménez, quienes rechazaron el pacto sugerido por Rofes de que se retire la acusación hasta ver qué se decide en Llechtenstein.
Ambos subrayaron que las razones por las que los 18,6 millones de francos suizos fueron desviados a Suiza para ingresar en una cuenta de Mariella Real Estate Establishment (Liechtenstein), de Hachuel, son objeto del juicio oral. Jiménez recordó, además, que gran parte del dinero fue entregado por Hachuel a un abogado, Peter Schwartz, que a su vez lo pasó a la Fundación Levis. Por ello, la juez envió una comisión rogatoria a Liechtenstein.
