Las atracciones de feria carecen de normas de seguridad específicas

No hay una regulación específica para la seguridad de las atracciones de parques y ferias ambulantes. Así lo reconocieron ayer a EL PAÍS fuentes del Ministerio de Industria, quienes aseguraron que cada aparato se rige por sus propias normas de fabricación. Mientras, organizaciones de consumidores y usuarios denuncian la falta de control y prevención de accidentes tras los cinco ocurridos este verano, tres de ellos mortales.

La instalación de una atracción en una feria o parque, que es competencia de cada Ayuntamiento, exige tres requisitos: un seguro de responsabilidad civil, un certificado de instalación eléctrica y la inspección de un técnico sobre la seguridad del aparato. En la tercera exigencia es donde surge un vacío legal, según denunció ayer Antonio de la Torre, miembro de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).Fuentes del Ministerio de Industria confirmaron ayer la ausencia de regulación, aunque dieron a conocer que la Asociación Española de Normalización (AENOR) -organismo integrado en la institución europea de normalización- está realizando un estudio de campo que permitirá la' próxima creación de una normativa europea de seguridad. "En principio, las normas se iban a incluir en la Directiva de Máquinas de 1992, pero luego se excluyó expresamente", explicaron en Industria.

Mientras que un seguro se puede obtener en cualquier compañía aseguradora especializada y la revisión eléctrica la hace una empresa de inspección -que verifica que se cumplen una serie de requisitos (conexiones bien hechas, toma de tierra ... ) que establece cada Comunidad Autónoma para su territorio- la seguridad de la atracción resulta bastante más arbitraria.

En principio, se rige por el Reglamento de espectáculos. "Éste sólo indica que los aparatos deben ser seguros, sin señalar las condiciones que deben cumplir. Los Ayuntamientos carecen así de una referencia para poder exigir a las atracciones", explicó ayer De la Torre. Según él, el inspector local se limita a verificar que la instalación ha sido diseñada por un ingeniero y que cumple las normas de seguridad de fabricación. Pero éstas varían según el aparato y muchas veces ni siquiera son controladas por la Administración española, sino que proceden del país de origen de la atracción. La mayoría de éstas, según Industria, proceden de Alemania y Estados Unidos.

Autorregulación

De la Torre resaltó que, en definitiva, la seguridad "depende de la propia responsabilidad del dueño de la atracción y de lo que haya intentado hacer". En su opinión, los técnicos pueden comprobar que un aparato funciona correctamente, pero no tienen por qué comprobar si se dan requisitos adicionales de seguridad para las personas: "Pueden comprobar si los cierres funcionan adecuadamente, pero no están obligados por ejemplo a probar que la velocidad que coge el aparato es adecuada para las personas".

La paradoja, según De la Torre, es que existen atracciones donde se trabaja al máximo nivel de seguridad, como ocurre en una gran instalación como Port Aventura en la que se hacen pruebas con cargas o incluso con maniquíes, que conviven con pequeñas atracciones donde se hacen las pruebas mínimas, a veces por falta de medios.

La OCU ha realizado además un estudio en siete parques de atracciones y en seis ferias ambulantes de todo el país, en el que ha detectado que los problemas más habituales de las instalaciones son la falta de seguridad y las deficiencias en el mantenimiento, así como la ausencia de instrucciones de uso a la vista de los clientes. "La falta de vigilancia, la pobre información de las personas encargadas y la imprudencia de los usuarios" son factores que aumentan el riesgo, según el mismo informe.

Desde la OCU se lamenta que no exista tampoco un registro de los accidentes que se producen. "Si una atracción da fallos, como es el caso de El Saltamontes [atracción en la que se han producido dos de los últimos accidentes], conocer su existencia puede ayudar a revisar esta atracción en otros sitios", explicó De la Torre.

La Unión de Consumidores de España (UCE) es otra de las organizaciones que se ha sumado a las críticas a la falta de prevención de los accidentes. "Queremos que se aumenten las inspecciones y la. periodicidad de éstas", pidió su responsable de salud y seguridad infantil Rafael Urrialde, "si hace falta que vayan todos los días, que lo hagan".

Aunque Urrialde reconoce que muchos de los accidentes producidos este verano se debían a la imprudencia y el comportamiento de los usuarios, se quejó de que no exista la obligación de mostrar al público las normas de uso. "También debería existir un distintivo que muestre cuándo se hizo la última inspección", añadió.