El Gobierno portugués paraliza las grandes reformas del Estado para alcanzar el euro
Tras una década de mandatos conservadores (1985-1995), los socialistas portugueses atraviesan el ecuador de esta legislatura al frente del Gobierno con el horizonte despejado para ingresar en el primer pelotón de la moneda única europea, pero a costa de ralentizar las grandes reformas que prometieron al país -revisión constitucional, regionalización y reformas del sistema de salud, Seguridad Social y régimen fiscal-. El Gobierno que necesita cuatro votos para la mayoría absoluta en el Parlamento, sostiene que el bloqueo de la oposición a sus medidas económicas de "contención y austeridad" está poniendo en riesgo el objetivo prioritario de la moneda única europea.
En declaraciones a EL PAÍS, el número dos del Gobierno socialista, Antonio Vitorino, afirma que el Ejecutivo "no tiene intención de provocar una crisis política que perjudicaría al pueblo portugués después de todo el esfuerzo y los sacrificios que hemos hecho", pero precisa que la oposición "está creando un estado contrario a los objetivos políticos nacionales". El rechazo de la oposición al proyecto gubernamental de la Ley de Finanzas Locales, una iniciativa que, trata de contener las transferencias económicas a los ayuntamientos, curiosamente en vísperas de elecciones municipales, ha colmado la paciencia de los socialistas, cuyo primer ministro, Antonio Guterres, anunció oficialmente en la noche del jueves que presentará su "dimisión inmediata" si el Parlamento aprueba cualquier otro proyecto que suponga "un aumento de impuestos y un agravamiento del déficit".
Por su parte, Antonio Vitorino sostiene que el euro debe ser un objetivo nacional al margen de las luchas partidistas. Su balance general es positivo, aunque reconoce que se han tomado y se tomarán medidas "dolorosas": "Estamos cumpliendo prioridades de orden económico como los criterios de convergencia con una profunda conciencia social. Hemos aumentado los salarios de los funcionarios, las pensiones de los jubilados por encima de la inflación y de una forma justa, hemos introducido el rendimiento mínimo garantizado,que es una medida que combate la pobreza y hemos controlado la situación del desempleo, que está comenzando a disminuir en los últimos cuatro meses".
A juicio del ministro de la Presidencia y responsable de Defensa, el Gobierno "ya ha puesto en marcha la revisión constitucional, ha iniciado el proceso de regionalización que busca una descentralización del poder y emprenderá en el próximo curso legislativo un nuevo ciclo de iniciativas como la re forma fiscal, la Seguridad Social y el sistema nacional de salud". "Nosotros", responde Vitorino, "tenemos nuestro timing, nuestras prioridades, y es lógico que la oposición tenga su propia opinión sobre esos objetivos".
Sin embargo, este balance no es compartido por el secretarío general de los comunistas, Carlos Cavalhas, quien, tras la última reunión del Comité Central, acusó al Ejecutivo socialista de alcanzar los criterios de convergencia a costa de que "Portugal tenga los índices más altos de pobreza y de analfabetismo, así como los niveles más bajos de salarios, jubilaciones y prestaciones sociales" de toda Europa.
Un informe del Banco de Portugal, divulgado en la mañana del jueves, sostiene que el ritmo de crecimiento de la economía portuguesa registró en 1996 un notable aumento, muy por encima de los estimaciones realizadas por la Comisión Europea para el conjunto de los países miembros.
Bonanza económica
El producto interior bruto (PIB), todos los bienes y servicios producidos por el país en un año, aumentó en 1995 sólo un 1% con respecto al período anterior, pero las otras cifras tienen buen aspecto: se reduce el índice de inflación y se verifican considerables crecimientos del consumo privado y de los salarios. Las importaciones crecieron un 7,5% en términos reales, mientras se confirma una desaceleración del ritmo de las exportaciones de bienes y servicios. Las optimistas cifras que revela este informe no han desatado el triunfalismo del Gobierno. Por el contrario, el número dos del Ejecutivo admite que el cumplimiento de los criterios de convergencia ha exigido y exigirá "decisiones dolorosas, recortes en el gasto público, por ejemplo las drásticas restricciones que estamos realizando en el presupuesto militar y de Defensa". Vitorino considera que este esfuerzo no puede sacrificarse ahora por luchas partidistas: "Creo que para todos los países del sur de Europa, como Portugal y España, la integración en la moneda única es una opción estratégica fundamental y nuestra capacidad de disciplina financiera será esencial no sólo para garantizar que los países del Mediterráneo estén en el centro de las decisiones europeas sino también para la salud económica del país".
