Cañellas desvía hacia el PP nacional la responsabilidad del control de las finanzas
Gabriel Cañellas, ex presidente balear y del PP, y José Antonio Berastain, su segundo hasta julio de 1995 y ex consejero autonómico, argumentaron ayer que las finanzas del PP de Baleares en 1989 se limitaban casi al pago de los recibos de luz, agua y teléfono de sus sedes y atribuyeron a la dirección nacional el control de las mismas. En el juicio por el caso Sóller, en el que se juzga la presunta irregularidad en la concesión de la construcción del túnel de Sóller a un amigo de Cañellas, ambos dirigentes rechazaron implicaciones en los fondos ilegales procedentes de supuestas comisiones del adjudicatario.
Berastain desveló ante el Tribunal Superior de Baleares que la tesorería nacional del partido "no hizo hincapié" y "no instó" hasta 1991 a cumplir la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos de 1987, que exige la apertura de una cuenta bancaria específica y exclusiva para identificar las donaciones."Era normal", dijo. "Los donativos, al desconocer su origen, se contabilizaban como anónimos". Hasta 11 ingresos de 500.000 pesetas cada uno están sin identificar en las cuentas del PP balear. La Fiscalía Anticorrupción cree que son parte de las comisiones irregulares del partido. Berastain reiteró que a los cinco años los efectos penales de un supuesto irregular prescriben. Justificó así la destrucción de libros contables y registros del PP. "Se liquida el papeleo y las facturitas no se guardan"; agregó.
De manera reiterada, Cañellas y Berastain adjudicaron el control último de todos los gastos electorales, cuya legalidad es cuestionada por el fiscal y la acusación popular de IU, a la administración central del PP. Ayer, en la segunda jornada del juicio por prevaricación y cohecho que se sigue en el Tribunal Superior de Baleares contra la antigua cúpula del PP y del Gobierno balear, fue interrogado también el ex consejero Jerónimo Saiz. Como Cañellas, Saiz avaló la transparencia, bondad y legalidad de la concesión de la construcción del túnel de peaje al empresario, Antonio Cuart, socio del ex presidente y supuesto pagador de dádivas irregulares al PP.
"Volvería a actuar igual", aseguró Saiz, quien en la evaluación de las ofertas del concurso había descalificado de manera radical la viabilidad financiera y medioambiental y la solvencia de la propuesta de Cuart.
Incumplimientos
Durante la larga declaración de Saiz, el fiscal, Juan Carrau, y el letrado Jaime Bueno, por la acusación particular, señalaron que durante la obra no se cumplieron las disposiciones de tutela y control que el Gobierno balear debía realizar sobre el adjudicatario. Cañellas negó haber manipulado el concurso desde el Gobierno y minimizó su relación como socio y amigo con Cuart.La existencia de un supuesto delito de cohecho -vinculado con el de prevaricación- nace de los informes de la Policía Judicial y de los inspectores de la Agencia Tributaría que obran en el sumario. Según estos documentos, el PP pagó presuntamente a proveedores electorales del partido en Baleares y a políticos afines con talones de una partida desviada de la constructora del túnel. En las sedes del PP en Baleares también se ingresaron cheques marcados y otro talón con el mismo origen fue descontado por un cuñado de Berastain. "No he ingresado nada de todo esto", repitió Berastain una y otra vez al exhibirle el fiscal una larga relación de facturas, talones y operaciones bancarias en las que el PP y él aparecen anotados como clientes.
El ex gerente aseguró: "Todo estaba controlado desde Madrid; se gestionaba aquí [Palma] y se liquidaba allí". Y recalcó: "Había una administración electoral y gerencia nacional única para toda España". Berastain, sobre quien Cañellas el lunes, en la primera sesión del juicio del caso Sóller desvió las responsabilidades de firma y gestión de fondos, rechazó además su eventual participación en los manejos de supuestos cheques, talones y facturas derivadas de la partida de 50 millones de pesetas señalada como probable dinero negro.
Cañellas, en su última declaración ante el Tribunal Superior de Justicia, explicó que, hasta 1990, "Madrid otorgaba los poderes [para abrir cuentas y las firmas]".
