Pensiones: pintar como querer
El Congreso de los Diputados acaba de aprobar una Ley sobre Consolidación y Racionalización de la Seguridad Social que ni consolida ni racionaliza ni asegura las pensiones. Esta reforma de las pensiones públicas evidencia algunos de los peores rasgos de la democracia. Cuando los líderes disimulan el, verdadero carácter de las medidas que acuerdan para no enfrentarse con una opinión pública mal informada, el sistema democrático empieza a deslizarse hacia la demagogia.El sistema de pensiones públicas de reparto prevalente en gran parte del mundo occidental es probable, incluso previsible que acabe quebrando. Las reformas que dicen consolidarlo no consisten sino en reducciones de los beneficios prometidos. Lo peor es que la dependencia de los pensionistas de la protección del Estado reduce la propensión a ahorrar y socava las bases de la autonomía individual. Primeramente, veamos las mejoras que con tiene esta ley. Separa el modo de financiar las pensiones contributivas y las no contributivas. Es decir, que la Seguridad Social tendrá que pagar sólo las pensiones de los cotizantes y quienes no hayan podido contribuir recibirán su ayuda mínima directamente del Presupuesto del Estado.
Otra mejora es la que tiende, nada más tiende, a proporcionar la pensión y los años de cotización: hasta ahora, mientras hacían falta 35 años de cotización para obtener el 100% de la pensión, bastaba con sólo 15. años para conseguir el 60%; en la nueva ley, con 15 años se obtiene el 50% de la pensión, lo que reduce el incentivo para estrategas del mínimo esfuerzo de cotización. Pero los defectos priman. Un sistema de reparto consiste en que las pensiones de cada año se pagan con los ingresos de la Seguridad Social de cada año, más una subvención pública si los ingresos no alcanzan. Es, pues, crucial la "tasa de dependencia" o proporción entre quienes cotizan y quienes en cada momento cobran la pensión. En períodos de expansión económica aumenta el número de los empleados respecto de los jubilados. Pero, según José A. Herce, de la Fundación Fedea, las proyecciones demográficas de los estudios mas fiables, con todo lo que tienen de aproximadas, señalan que la tasa de dependencia, de indicar un jubilado por cada cuatro trabajadores hoy, podría pasar a un jubilado por cada tres en el 2025. Ello lleva a algunos especialistas a predecir que el déficit de la Seguridad Social en ese momento podría equivaler a un 4% del producto interior bruto (PIB). Recuerden que el Pacto de Estabilidad compromete a mantener todo el déficit público por debajo de una cifra equivalente al 3% del PIB. Ante tal amenaza, las democracias populistas optan por reducir las pensiones, mientras proclaman que las mantienen y las aseguran. Así, según la ley recién aprobada, la pensión ya no se calculará sobre la media de los ingresos obtenidos en los últimos ocho años de vida laboral, que suelen ser los mejor pagados, sino en más años hasta llegar a 15. Así, el máximo de cotización a. pagar por cada trabajador se ha elevado por término medio (lo que llaman "destope de la cotización"), pero sin "destopar" la paga de jubilación, para la que se ha fijado un máximo. Incluso la promesa de revalorizar automáticamente las pensiones según el índice de precios al consumo (IPC) previsto, que tan generosa parece, no es sino otra forma de contener las pensiones, que hasta ahora y por término medio, venían subiendo muy por encima del IPC.
Las pensiones contributivas deberían serlo de verdad, fluyendo del rédito de lo que la ley obligara a cada trabajador a acumular a lo largo de su vida. El ahorro de las familias crecería por encima incluso del mínimo legal y multiplicaría el crecimiento económico. La pensión pertenecería personalmente a cada individuo, libre de topes Y topos.
El presupuesto del Estado sólo debería atender las pensiones no contributivas, en vez de estar en continua disposición de colmar recurrentes déficits de la Seguridad Social. No hagan caso de quienes dicen que el sistema de capitalización no funcionaría en España. Los demócratas chilenos lo han mantenido pese a haber sido creado bajo Pinochet. Los demócratas españoles, tarde o temprano, se rendirán a la evidencia.
