Justicia paraliza una investigación de la Abogacía del Estado sobre el PP alegando razones técnicas
La Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, ha ordenado a la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas que paralice la investigación iniciada por presuntas irregularidades contables sobre una empresa pública de Castilla y León, Crystaloid, que afecta a políticos próximos al presidente del Gobierno, José María Aznar, y que está participada por la Junta, gobernada por el Partido Popular.
La Dirección del Servicio Jurídico del Estado alega razones jurídicas para proceder a la orden de retirada de la investigación. En cambio, el senador socialista Octavio Granados denuncia "un juego cruzado de presiones para evitar el juicio de cuentas por presuntas irregularidades" a miembros significativos del PP.El 2 de junio, al día siguiente de que EL PAíS informara que la Abogacía del Estado en el Tribunal de Cuentas solicitaba diligencias previas a un juicio de cuentas por presuntas irregularidades contables de la empresa pública castellano-leonesa Crystaloid, esa Abogacía recibía una nota de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado en la que le ordenaba la retirada de dicha petición. La nota de la Dirección General, dependiente del Ministerio de Justicia, argumenta la retirada con razones de "carácter técnico-jurídico".
La pasada semana El PAÍS intentó conocer las razones de dicha retirada por la propia Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Tras varios intentos, la secretaria del director general, informada previamente del asunto, manifestó que el director general tenía "una lista interminable de espera en llamadas teléfonicas y visitas" y añadió: "Quizás pueda recibirle en el 2001, el 2002 o en las próximas Olimpiadas". Sin embargo, dos días después, el pasado jueves, el jefe de prensa del Ministerio de Justicia, Javier Esparza, ofrecía a este diario, sin ningún problema, la nota de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado justificativa de la marcha atrás.
La nota ofrece una doble razón formal: de procedimiento y contenido. La petición de diligencias previas por el Servicio Jurídico del Tribunal de Cuentas -"petición de pieza separada" en términos técnicos- no se hizo, dice, "en el momento procesal oportuno". La Dirección General se apoya en el artículo 45 de la Ley del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. La petición de pieza, separada, añade, no se hizo "una vez concluido el examen y comprobación de cualquier cuenta (...) o los correspondientes procesos de fiscalización", sino antes. Fue en enero cuando la Abogacía del Estado en el Tribunal de Cuentas pidió la formación de "pieza separada".
Fuentes próximas al Tribunal de Cuentas aseguran que el argumento de la Dirección General es "insólito" porque "en esta ocasión se ha seguido el procedimiento habitual, que es la realización de un informe previo del Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal de Cuentas para facilitar el trabajo al consejero del tribunal". Asimismo, y según las mismas fuentes, sorprende que la Dirección General no dijera nada de la solicitud de diligencias previas, realizada en enero, hasta el 2 de junio, precisamente un día después de la publicación de la noticia en EL PAÍS.
La segunda razón de la Dirección General es que la solicitud de diligencias previas se hizo "de forma absolutamente inconcreta". Las mismas fuentes responden que es "inédito" este argumento cuando "precisamente hay un informe muy concreto del Tribunal de Cuentas sobre las irregularidades cometidas por la empresa Crystaloid". "Además, si no les parecía concreto, lo razonable es que hubieran pedido más concreción y no retirar las diligencias previas, como han hecho". Las irregularidades contables recogidas en el informe del Tribunal de Cuentas de 1993 se concretan en la ejecución del aval que la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, concedió a Crystaloid -en aquel momento, de titularidad privada- por importe de 294 millones, pese a que su situación era de quiebra de hecho. El tribunal responsabiliza también a la Junta por concertar posteriormente una deuda por 350 millones de pesetas.
Para el senador socialista Octavio Granados, "se intenta encubrir con argumentos técnicos una investigación sobre las irregularidades en una empresa que afecta a la Junta de Castilla y León y a personalidades del PP en la región".
