Prisiones veta un cuestionario sobre la situación en que viven los reclusos

El director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, ha ordenado a sus centros que intervengan a los presos un cuestionario sobre su situación carcelaria que les había remitido el abogado Julián Carlos Ríos, galardonado hace dos meses con el premio nacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. El documento vetado (85 preguntas) tiene por objeto un estudio auspiciado por la Universidad Pontificia de Comillas, en la que Ríos es profesor de Derecho Penal y Penitenciario. Ríos anunció ayer que emprenderá acciones judiciales contra una prohibición que considera ilegal.

En una circular interna enviada a todos los centros, Ángel Yuste, el responsable de las cárceles españolas, justifica la intervención en que el contenido del cuestionario "afecta al régimen penitenciario", algo "que no debe ser conocido por personas ajenas a la institución". Además, argumenta que las respuestas de los presos pueden dañar "el buen nombre de la institución e incluso su seguridad"Algunas de las cuestiones planteadas son: "¿Has recibido malos tratos'; "¿trabajas en la cárcel?"; ¿disfrutas de permisos?"; "si eres drogodependiente, ¿te han ofrecido algún tratamiento específico para el problema?"; "¿te han sometido a cacheos con desnudo integral?"; "si estás enfermo, ¿cada cuánto tiempo puedes ver al médico?"; "en este momento, ¿padeces alguna enfermedad seria?"; "¿cuál?"; "¿es correcto el trato en la enfermería?"; "¿has pedido la libertad condicional por enfermedad grave?"; "¿tienes conocimiento de personas que mueren presas en la cárcel?"; "¿te has podido defender legalmente?"; "¿has sido sancionado por el centro en alguna ocasión?", "¿cuántas horas de patio tienes al día?"...

El origen de este conflicto alude a Manual para la defensa de las personas presas, el último libro de Julián Carlos Ríos, editado el año pasado por el decanato de los juzgados de la Plaza de Castilla, de Madrid, para su distribución gratuita entre los reclusos.

Esta obra fue editada por el decanato cuando su titular era la ex juez de vigilancia penitenciaria de Madrid Manuela Carmena, hoy vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En su presentación participaron, además de Carmena y otros destacados juristas, Ramón Sáez, también vocal del CGPJ y actual presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España; el magistrado del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta y el también magistrado Arturo Beltrán, de la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid, que se encarga de resolver los recursos que presentan los presos de la comunidad.

Derechos

Decenas de presos de toda España solicitaron por carta el libro, en el que se les informa de sus derechos y de cómo rellenar sus recursos y sus escritos de quejas, al juzgado decano de Madrid. Ríos, cuya vivienda en Madrid lleva años convertida en techo gratuito para ex presidiarios sin medios económicos y atenazados por la droga o en periodo de reinserción social, decidió remitir el cuestionario a los reclusos que se habían interesado por el manual."Esta encuesta se, realiza", explica Ríos en el encabezamiento, "para tratar de conocer mejor la situación que viven los presos en las cárceles españolas y poder difundir entre la opinión pública la verdadera dimensión de los problemas que padecen. Contamos [la universidad y él] con tu colaboración para hacer oír tu voz ante los responsables políticos e intentar lograr las mejoras que se necesitan".Más de 100 internos habían rellenado y remitido a Ríos el cuestionario cuando llegó la terminante orden de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Otros lo tenían rellenado y se disponían a enviarlo cuando les fue requisado. Varios jueces de vigilancia penitenciaria de Castilla y León y Madrid han sido informados ya de estas intervenciones y tienen previsto pronunciarse en cuestión de días sobre su legalidad.

Según Ríos, la intervención del cuestionario "atenta contra el derecho fundamental de los reclusos a expresarse y comunicarse" y contra "la libertad de investigación de un profesor de Derecho Penitenciario". "Algún tipo de temor deben de sentir [las autoridades] para dar esa orden. Deduzco que detrás de ella se esconden muchas situaciones de injusticia que habitualmente se dan en las prisiones españolas, donde, por ejemplo," agrega, "se están muriendo de sida muchos presos mientras otros son castigados durante semanas con severas penas de aislamiento".

Según un portavoz del Ministerio de Interior, del que depende Instituciones Penitenciarias, la prohibición se debe a que el abogado, en su carta a los reclusos, "orienta las respuestas". En su opinión, "hace juicios de valor previos" al indicar que él tiene "una idea formada de las injusticias que diariamente se cometen en las cárceles" y pedirle "su ayuda para poder demostrar todas las situaciones de indefensión y de abusos de poder a las que, según él, están sometidos los intemos".